El Consejo de Ministros aprobó ayer la concesión del indulto parcial para el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, condenados por las identificaciones erróneas de 30 de los 62 cadáveres de los militares españoles fallecidos en el accidente del Yak-42. Los indultos afectan únicamente a las penas de inhabilitación de un año que les fueron confirmadas a ambos por el Tribunal Supremo.
Los dos oficiales fueron condenados en 2009 como cómplices de un delito de falsedad documental por su responsabilidad en el accidente aéreo que provocó la muerte de 62 militares en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003.
La medida de gracia cuenta con el informe favorable de la Sala sentenciadora y de la Fiscalía que se mostraron de acuerdo por haber satisfecho ambos las responsabilidades civiles y pagado la multa impuesta.
FISCAL Y AUDIENCIA
La Fiscalía se limita a señalar, en sendos informes de un folio al que ha tenido acceso Europa Press, que teniendo en cuenta que el condenado ha satisfecho la pena de multa y la indemnización a las víctimas, y que la pena de prisión ha sido suspendida condicionalmente, tras el recurso de ambos ante el Tribunal Constitucional, "resulta procedente conceder el indulto de la pena de inhabilitación especial sin que ésta deba extenderse a la pena de prisión". El informe tiene fecha del pasado 25 de marzo.
Por su parte, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional señala en sus respectivos informes, cuyo contenido también es idéntico, que no aprecia que ni José Ramón Ramírez ni Miguel Ángel Sáez tuvieran "ningún móvil personal -tampoco intención de causar daño a los perjudicados-, aunque éste se produjo- sin que de él se haya obtenido beneficio o ventaja de tipo alguno por parte del responsable criminal, que ha satisfecho las responsabilidades civiles y pagado la multa impuesta". Este segundo informe tiene fecha de 5 de abril.
CONDENA
El 17 de marzo de 2010, el Tribunal Supremo confirmó en su integridad la sentencia dictada por la Audiencia Nacional contra el general de División retirado Vicente Carlos Navarro y dos de sus subordinados por su responsabilidad en el accidente del Yak-42.
El 19 de mayo de 2009, la Audiencia nacional condenó al general Navarro --ya fallecido-- a una pena de tres años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial y al pago de una multa de 1.800 euros. Además le impuso el pago de una indemnización de 10.000 euros para cada una de las familias en concepto de responsabilidad civil.
Vicente Carlos Navarro fue el oficial médico de más alto rango que formó parte de la comisión técnica que envió el Ministerio de Defensa a Turquía para realizar las identificaciones de los fallecidos y que erró en 30 de las 62 identidades. La Audiencia impuso también al entonces general de Sanidad Militar una sanción de inhabilitación durante dos años.
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