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Un total de 24 empresas estatales, entre las que destacan la Sociedad Pública de Alquiler y las filiales de Loterías y Apuestas del Estado, serán suprimidas y el Gobierno desinvertirá, además, en otras 8 sociedades públicas y agilizará la liquidación de otras 13 empresas. Esta restructuración y racionalización del sector público permitirá ahorrar 1,08 millones de euros al año, con la supresión de 154 consejeros Asimismo, el ICO aportará en 2012 hasta 22.000 millones de euros en créditos para pymes "rentables", un 16 por ciento más respecto a la dotación prevista el año pasado. Son las dos principales medidas aprobadas ayer viernes por el Consejo de Ministros.

Poner "orden en casa". Es lo que pretende el Ejecutivo con la medida aprobada ayer durante el Consejo de Ministros y por la que se suprimirán hasta veinticuatro empresas públicas, el 17 por ciento del total.

Además, el Gobierno desinvertirá en otras ocho sociedades públicas, el 6 por ciento del total, y agilizará la liquidación de otras trece empresas. Así lo adelantó la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien indicó que a las cuarenta y cinco operaciones que afectan a sociedades mercantiles, el 32 por ciento del total, hay que añadir desinversiones de participaciones minoritarias en otras treinta y cinco empresas.
Las medidas aprobadas ayer durante el Consejo de Ministros afectan a un total de ochenta empresas públicas, a lo que se suma la extinción o fusión de nueve fundaciones.

La portavoz recordó que éstas fueron algunas de las primeras medidas que encargadas al Ministerio de Presidencia y al de Hacienda y Administraciones Públicas para llevar a cabo la reestructuración del sector público.

Estas medidas buscan reorganizar, en su opinión, todo el sector público empresarial y fundacional bajo el principio de "eficiencia, economía y estabilidad presupuestaria".
Entre las supresiones destacan la de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) y de otras sociedades más pequeñas como las filiales de Loterías y Apuestas del Estado para la prestación de servicios técnicos y para abordar la privatización.

Según Sáenz de Santamaría, la supresión y reducción de la participación del Estado en las empresas supone "el primer paso" de un proceso que el Gobierno espera que se produzca de forma "idéntica" en las comunidades autónomas y corporaciones locales.