Las Comunidades Autónomas aceptaron ayer reducir el déficit desde el 2,9 por ciento registrado al cierre de 2011 al 1,5 por ciento que les marcó el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Cataluña y Canarias se abstuvieron a rebajar el límite, mientras Andalucía fue la única que se opuso porque considera que es "inadecuado e insensible" con las prestadoras de los servicios básicos.
El Gobierno planteó a las comunidades en la reunión del CPFF, celebrada ayer tarde, un objetivo global de déficit del 1,5 por ciento del PIB con el fin de poder cumplir con la nueva senda de consolidación fiscal, que pretende reducir el déficit público del 8,5 por ciento de 2011 al 5,8 por ciento para este año.
Las CCAA, finalmente, aceptaron la propuesta que les ha planteado el Ejecutivo central en dicha reunión y así cumplir con el nuevo programa de estabilidad. Andalucía fue la única que se opuso a este objetivo, mientras que Cataluña y Canarias se abstuvieron.
"Todas lo han entendido menos una", lamentó Montoro, tras lamentar la votación de Andalucía, que se opuso a la austeridad en el gasto público "necesaria" para salir "cuanto antes" de la crisis.
En este sentido, el ministro aseguró que será la Junta la que tenga que explicar a los ciudadanos por qué no se compromete con la reducción del déficit algo que, según Montoro, probablemente estará relacionado con las elecciones andaluzas.
Además, el ministro aseguró que el Gobierno ha demandado a Andalucía "más transparencia" y le ha pedido que envíe la lista completa de las deudas pendientes con los proveedores para conocer la situación financiera exacta de la comunidad autónoma.
La comunidad andaluza, por su parte, defendió su voto en contra a través de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, que alegó que el tope fijado es "inadecuado e insensible" con las CCAA, las que prestan los servicios básicos.
En declaraciones al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la consejera subrayó, como ya hiciera a la entrada de la reunión, que "no es razonable" que si las comunidades son las responsables del 60 por ciento de los gastos estructurales, como Sanidad, Educación o Dependencia, únicamente vengan a participar en un 40 por ciento del objetivo de déficit.
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