Camps sigue en el cargo pese a que será juzgado por cohecho impropio

Así lo ha decidido el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana José Flors, instructor del proceso conocido como "causa de los trajes", quien en un auto hecho público ayer decreta abrir juicio oral al apreciar indicios de que la red corrupta supuestamente pagó unas prendas de vestir adquiridas por el presidente y el resto de imputados.

El Gobierno valenciano ha dicho no compartir el auto, algo que, según su portavoz, Dolores Johnson, tampoco hacen "los valencianos", que el pasado 22 de mayo dieron su apoyo mayoritario al proyecto del PPCV, y ha trasladado a Camps el apoyo "total", "cerrado" e "incondicional" del Ejecutivo.

Flors exige que los cuatro imputados presten una fianza equivalente a la multa solicitada por el fiscal (41.250 euros para Camps, Costa y Betoret, y 35.000 euros para Campos) y un tercio más de esa cantidad para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva pudieran declararse procedentes".

Asimismo, se da un plazo de quince días a las partes para que comparezcan ante la Sala de lo Civil y Penal; el presidente del tribunal del jurado será el magistrado Juan Climent.

La resolución de Flors no es recurrible y llega tres días después de la vista previa para resolver si procedía la apertura de juicio oral, donde la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular, ejercida por el PSPV, pidieron que Camps fuera juzgado, y la defensa pidió el archivo.

Camps será el segundo presidente autonómico en ejercicio que se siente en el banquillo: en 1994, el expresidente de Cantabria Juan Hormaechea fue condenado a seis años de prisión y catorce de inhabilitación absoluta por malversación de fondos públicos y prevaricación.

Junto a Camps serán juzgados el exvicepresidente del Consell Víctor Campos, el exsecretario general del PPCV y actual miembro de la dirección del grupo popular en Les Corts Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.

Flors ve como hecho justiciable que todos los procesados aceptaron como "dádiva" las prendas a sabiendas de que sería Pablo Crespo -uno de los cabecillas de la trama- quien asumiría el pago de las mismas, en una cuenta abierta a nombre de Álvaro Pérez, responsable de Orange Market.

Considera que estos regalos no pueden equipararse con los que los usos sociales aceptan como "inocuos y admisibles", y rechaza que se hicieran por la amistad de los procesados con "el Bigotes", porque era Crespo quien los realizaba, y los asumían las sociedades del grupo "que tenía importantes intereses económicos en sus relaciones" con la Generalitat.

"No es necesario razonar mucho para entender que el hecho de poder contar con la complacencia y el favor nada menos que del presidente y el vicepresidente de una Comunidad Autónoma, a quienes se agasaja, puede ser de una influencia determinante" entre quienes hacen los regalos y los órganos dirigidos por los imputados.

El auto mantiene la imputación a Costa, al que previamente se había excluido por no tener cargo en la Generalitat, mientras que rechaza la pretensión del PSPV de abrir juicio oral sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos, causa que sigue su curso en el TSJCV separada de ésta.

La causa arrancó por decisión del juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional. En febrero de 2009, se encontraron irregularidades en los contratos adjudicados a Orange Market para el stand de la Feria Internacional de Turismo en España (Fitur). 'El Bigotes' fue detenido, para después quedar en libertad con cargos. Estaba relacionado con Correa y su empresa ya había trabajado en la organización de otros actos del PP valenciano.

Ese mismo mes salieron a la luz las primeras informaciones que vinculaban a Camps con lo acaecido; es decir, los primeros indicios de que las empresas implicadas habían regalado prendas de vestir al presidente y la Fiscalía Anticorrupción le implicó.