En una medida destinada a templar el descontento en la calle, el primer ministro griego, Yorgos Papandreu, anunció ayer que convocará un referéndum en otoño para introducir cambios en el sistema político y administrativo del país, al borde de la quiebra por su abultada deuda.
Papandreu está dispuesto a presentar en una consulta popular unos cambios que ayer calificó en el Parlamento como "necesarios para terminar con las raíces de los problemas que trajeron la crisis a Grecia".
El primer ministro informó de que nombrará a un equipo de 20 a 25 asesores de todos los sectores para estudiar los cambios necesarios y "a continuación convocaré a un referéndum en otoño".
El plebiscito abordará las medidas que estudiará el citado equipo, cuyo objetivo será corregir males como la corrupción, la evasión de impuestos, la fuga de capitales y los privilegios de los diputados y altos funcionarios.
Esos asuntos están precisamente en el centro de las críticas del movimiento griego de los "indignados", que desde hace casi un mes protestan de forma pacífica a diario ante el Parlamento, y en otras muchas plazas, pidiendo que "se vayan los ladrones".
De esta forma y después de haber tratado de imponer el orden en su partido con una remodelación del gabinete, Papandreu parece estar tratando de hacer un guiño a la calle para aplacar el descontento popular.
En su intervención parlamentaria de ayer reconoció que "el sentimiento de injusticia entre el pueblo (...) puede hacer explosionar todo el sistema político actual" debido a la creciente percepción de que la mayor parte de las medidas de austeridad las soportan quienes menos tienen.
El primer ministro reiteró en el hemiciclo, al inicio de un debate de tres días, previo a la votación de la moción de confianza, su mensaje de unidad y recalcó que las duras medidas de ahorro son la única manera de garantizar la liquidez del Estado.
"Si no cobramos el quinto tramo del rescate, de 12.000 millones de euros, nos quedaremos sin fondos pronto" y no se podrán pagar los sueldos ni las pensiones, subrayó.
Las nuevas medidas, con recortes en los salarios públicos y subidas de impuestos, además del despido de funcionarios, aumentará una cifra de desempleo ya situada en el 15,9 por ciento y reducirá los ingresos estatales, que ya han sufrido un descenso de casi un 15 por ciento, según los analistas.
"Ya era conocido hace un año", afirmó, cuando Grecia recurrió a la ayuda del UE y del FMI, que el rescate de 110.000 millones de euros "no iba a ser suficiente", por lo que se está negociando con los socios un nuevo rescate "similar".
Papandreu subrayó que pese al éxito en la aplicación del primer plan de ajuste, que redujo el déficit del 15,4 por ciento del PIB en 2009 al 10,5 por ciento en 2010, "Grecia no podrá regresar a los mercados financieros en 2012 para financiar su deuda".
Ante esta situación y sin alternativas a los recortes para evitar la quiebra, reiteró a la oposición la necesidad de buscar un consenso, y apeló a sus correligionarios a refrendar las medidas de ahorro y privatizaciones por valor de 78.000 millones de euros hasta 2015.
"Debemos ser nosotros los que hagamos los cambios. No podemos esperar que nuestros socios nos presten de sus bolsillos si no estamos dispuestos a poner orden en nuestra casa", aseguró Papandreu.
En caso de pasar el voto de confianza, Papandreu se enfrenta a un segundo reto de mayor calado, conseguir que su formación socialista, con una estrecha mayoría en el Parlamento, apruebe la nueva oleada de medidas que incluyen despidos, cierre de empresas estatales, incremento de impuestos y la reducción de salarios y pensiones.
La semana pasada su grupo parlamentario amenazó con no aprobar esas medidas "antisociales" y pidió explicaciones por el fracaso de la austeridad aplicada en 2010 para recortar los gastos del Estado.
Por su parte, el nuevo ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, que sustituyó al impopular Yorgos Papacontantínu, se refirió en un entrevista en el dominical
"To Vima" a la necesidad de "un reparto más justo del peso de las medidas."
"La prioridad inmediata del Gobierno es la de hacer mas evidente el reparto justo de la carga", dijo Venizelos.
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