El presidente catalán, José Montilla, trasladó ayer a José Luis Rodríguez Zapatero su "decepción" por una sentencia sobre el Estatut que "jamás se tenía que haber producido" y le instó, tras convocar una cumbre catalana, a que "rehaga el pacto político que posibilitó el Estatut". Montilla se mostró ayer "indignado" tras conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto catalán, descalificó duramente tanto al PP como al órgano judicial y convocó a la ciudadanía a una manifestación unitaria en defensa del autogobierno.
En una declaración institucional en el Palau de la Generalitat, Montilla explicó que había hablado telefónicamente con el presidente del Gobierno, al que, aseguró, "le he trasladado, sin ambigüedades, nuestra decepción por un proceso y una sentencia que jamás se debería de haber producido".
"Esta sentencia no puede derivar en una crisis de confianza. Tenemos un problema que sólo la voluntad política y la determinación conjunta de las instituciones políticas catalanas y españolas podremos superar, si nos comprometemos juntos a desarrollar todo lo que hemos pactado, acordado, votado y refrendado. Habrá que rehacer el pacto político que posibilitó el Estatut para superar las consecuencias políticas y jurídicas de esta sentencia", subrayó Montilla.
El presidente de la Generalitat aseguró que pedirá comparecer en el Parlament y que convocará, esta misma semana, a los presidentes de los grupos parlamentarios para valorar la sentencia y sus consecuencias "jurídicas y políticas". Montilla abundó en que "las instituciones catalanas y el pueblo de Catalunya han de poder expresar, serenamente, la voluntad de no renunciar a ninguna de sus aspiraciones y exigir el respecto a nuestra dignidad como país". "El Estatuto es nuestra Ley de leyes. Todo lo que contiene, como expresión jurídica de una voluntad política compartida, nos lo hemos ganado a pulso y lo haremos valer a través los instrumentos adecuados", agregó.
Varapalo
La anulación de 14 de los más de 200 artículos del Estatut de Cataluña por parte del Constitucional supone un duro varapalo para las pretensiones de la Generalitat de declarar "preferente" la lengua catalana, tener un poder judicial autónomo y ampliar sus competencias fiscales. La mayoría de los preceptos que no han pasado el filtro de constitucionalidad tienen relación con la regulación que el Estatut establece en estos ámbitos y que, según el TC, es inconstitucional.
Es el caso del polémico artículo 6.1 del Estatut que afirma que "la lengua propia de Catalunya es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Catalunya, y es también la lengua normalmente utilizada como vehicular en la enseñanza". El TC ha dictaminado que este precepto, que da preferencia a la lengua catalana, entra en colisión con la Constitución española.
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