Según los datos recibidos por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, docenas de jóvenes del barrio de Halfaya, en el norte de la capital sudanesa, habrían sido ejecutados a manos del Ejército sudanés y de la milicia islamista Al-Baraa Bin Malik por sospechas de afiliación o colaboración con los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).
«Esto es más que despreciable y contraviene todas las normas y estándares de derechos humanos», añadió Nouicer en un comunicado de su oficina emitido este jueves. Dichas ejecuciones se habrían producido en el marco de una amplia operación militar lanzada desde el pasado 25 de septiembre por las Fuerzas Armadas sudanesas para expulsar a los paramilitares de áreas vitales que controlan en Jartum, incluido el palacio presidencial.
Esta ofensiva, advirtió Nouicer, «podría causar un gran número de víctimas civiles entre la población atrapada junto a lugares estratégicos, graves violaciones de los derechos humanos y desplazamientos masivos». Ante esta situación, el experto instó a todas las partes en conflicto a proteger a los civiles y respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluida la de garantizar que nadie sea privado de la vida arbitrariamente.
También pidió una investigación «rápida, exhaustiva, independiente e imparcial» de los homicidios y que los autores rindan cuentas de acuerdo con las normas internacionales pertinentes. La guerra entre el Ejército y las FAR comenzó el 15 de abril del año pasado y desde entonces ha convertido a Sudán en el escenario de una de las peores crisis humanitarias y de desplazamiento del planeta. Según la ONU el conflicto ha dejado al menos 20.000 muertos, más de 33.000 heridos, 7,9 millones de desplazados internos y 2,1 millones de refugiados en otros países.
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