Con este texto, la Unión Europea busca recuperar al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas comunitarias para 2030 y todos los ecosistemas que lo necesiten para 2050.
A este fin, se contemplan medidas que van desde la repoblación de bosques, hasta el humedecimiento de páramos, pasando por la devolución de ríos a su cauce natural, entre otros.
El lado controvertido de esta iniciativa legal tiene que ver principalmente con el temor de los agricultores a que traiga consigo la imposición de fuertes restricciones para el sector. No obstante, ha aclarado la Comisión, corresponderá a cada uno de los Veintisiete decidir las medidas concretas a aplicar en su territorio.
En la actualidad, en torno al 80% de los hábitats del territorio comunitario se encuentran en mal estado, según datos de la propia UE. Asimismo, el 70% de los suelos se encuentran en un estado insalubre y el 10% de las especies de abejas y mariposas sufren amenaza de extinción.
La ley, que había sido objeto de un largo y acalorado debate, fue finalmente aprobada por una estrecha mayoría el pasado 17 de junio, tras el cambio de posición de Austria, que terminó votando a favor de una versión suavizada del texto inicial.
Así, esta primera ley europea de biodiversidad ha salido adelante con el voto a favor de 20 Estados miembro, la abstención de Bélgica y el rechazo de Finlandia, Italia, Hungría, Países Bajos, Polonia y Suecia, que alegaron su elevado gasto y su posible impacto sobre el sector agrícola como motivo de su rechazo.
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