El Gobierno francés acusa a la ultraderecha de «estafa intelectual» en la ley de inmigración

A pesar de que los votos del RN finalmente fueron necesarios para que la ley saliera adelante en la Asamblea, el portavoz mantuvo la posición de que no considera que la formación ultra apoyara realmente el texto. Véran confirmó que el ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, presentó su dimisión por su desacuerdo con la ley, y que será sustituido por la actual secretaria de Estado Agnès Firmin-Le Bodo.

Sin embargo, el presidente Emmanuel Macron ha evitado una crisis política mayor, ya que tres ministros del ala más progresista del macronismo habían amenazado ayer con dimitir y se reunieron con otros miembros del Ejecutivo para estudiar una acción en bloque que finalmente no se produjo. «No hay una revuelta ministerial», recalcó Véran. El portavoz dijo que el Ejecutivo ya era consciente de que intentar aprobar una ley de inmigración con la actual composición parlamentaria «era una tarea peligrosa».

Dado que el bloque macronista perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional en las legislativas del año pasado, «hacía falta un compromiso», que según Véran no podía ser con la izquierda porque rechazó debatir el proyecto de ley en la cámara baja. Por ello, justificó que el Gobierno se vio forzado a buscar un compormiso con la derecha conservadora de Los Republicanos (LR), que controla la mayoritaria en el Senado, ya que la izquierda «quiere acoger a todo el mundo» y la ultraderecha pregona la «inmigración cero».

Véran admitió que en la versión final de la ley de inmigración «hay medidas que no nos gustan, pero no nos deshonran», ya que fueron exigidas por el LR para dar su apoyo. En cambio, recalcó que el texto incluye «medidas de justicia», como la regularización de indocumentados que trabajen en sectores económicos que no encuentran mano de obra o que los menores no podrán ser llevados a centros de internamiento de extranjeros irregulares. La primera ministra, Élisabeth Borne, reconoció en la radio pública France Inter que algunas de las medidas incluidas en la nueva ley de inmigración, aprobada pueden ser contrarias a la Constitución y el Gobierno pedirá examinarlas al Consejo Constitucional.