La Comisión investiga a Meta y TikTok sobre las medidas contra contenidos ilícitos tras el ataque de Hamás

Por lo que se refiere a TikTok, el Ejecutivo comunitario le pide dar más información sobre las medidas adoptadas para evaluar riesgos y mitigar la difusión de contenidos ilícitos -en particular terroristas, violentos y de incitación al odio- y desinformación. Además, la solicitud de la Comisión aborda el cumplimiento por parte de TikTok de otros elementos de la DSA, en particular en lo que se refiere a sus disposiciones para la protección de los menores en internet. Al enviar una petición formal de información, Meta deberá proporcionarla antes del 25 de octubre para las cuestiones relacionadas con la respuesta a la crisis y, antes del 8 de noviembre, sobre la protección de la integridad de las elecciones en Europa.

En el caso de TikTok, dispondrá hasta el 25 de octubre para responder a las preguntas relacionadas con la respuesta a la crisis y hasta el 8 de noviembre para contestar a las cuestiones sobre la protección de la integridad de las elecciones y los menores en línea. La Comisión evaluará entonces los próximos pasos en función de las respuestas que obtenga de Meta y TikTok. Esto podría implicar la apertura formal de un procedimiento, de conformidad con la DSA, e incluso imponer multas por información incorrecta, incompleta o engañosa en respuesta a una solicitud de información. En caso de falta de respuesta, la CE puede decidir solicitar la información mediante decisión y, en ese caso, la falta de respuesta en el plazo establecido podría dar lugar a la imposición de multas coercitivas.

Hace una semana, la Comisión ya solicitó también formalmente información a la red social X (antes Twitter) para determinar si cumple con la legislación tras recibir «indicios» sobre una «supuesta difusión de contenidos ilegales y desinformación, en particular la difusión de contenidos terroristas y violentos y la incitación al odio». La Comisión le dio de plazo hasta este miércoles para que le informase sobre cómo se activan y funcionan sus protocolos de actuación para detectar la información ilegal, y hasta el 31 de octubre para que le explique qué medidas lleva a cabo para eliminarlos.

En caso de que Bruselas considere que X no está actuando voluntariamente para eliminar el contenido ilegal, puede ordenar medidas cautelares contra la empresa hasta que culmine la investigación. Al final de la misma, podría imponerle una multa de hasta el 6 % de su facturación mundial anual y, en última instancia, podría pedir a la Justicia europea que prohíba la plataforma en la Unión Europea (UE). Asimismo, Bruselas instó a los países de la UE a que aceleren las medidas para combatir la desinformación y el contenido ilegal en las redes sociales. Les pidió en concreto que designen cuanto antes a las autoridades nacionales que tendrán que coordinarse con la Comisión Europea y con las instancias de los otros socios europeos para vigilar que las plataformas digitales cumplen con las normativa que les obliga a eliminar rápidamente el contenido ilegal en internet.