La culpabilidad de Aécio Lúcio Costa Pereira, el primer imputado sentado en el banquillo, fue declarada por unanimidad, aunque hubo discrepancias entre los once miembros del tribunal en relación a los cargos y la pena, finalmente fijada en 17 años de reclusión y proclamada por la presidenta de la corte, Rosa Weber.
Los hechos ocurrieron ocho días después de la investidura de Lula, quien en las elecciones de octubre había derrotado al expresidente Jair Bolsonaro, que no reconoció ese resultado, al igual que la extrema derecha que le apoya y que promovió ese atentado contra la democracia. El juez relator, Alexandre de Moraes, aceptó las acusaciones de asociación ilícita, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados y destrucción de patrimonio público. El relator sugirió una pena de 17 años de prisión, apoyado por los jueces Edson Fachin, Luiz Fux, José Dias Toffoli, Carmen Lúcia Rocha, Gilmar Mendes y Rosa Weber.
El magistrado Cristiano Zanin, exabogado personal de Lula, pidió rebajar la condena a 15 años, en tanto que el juez Luís Roberto Barroso la situó en diez años. La discrepancia la abrió el juez revisor, Kassio Nunes Marques, que desestimó algunos de los cargos, como la acusación de golpe de Estado, que en su opinión no podía aplicarse pues el derrocamiento de Lula no se consumó, y propuso una pena de dos años y seis meses.
En una sentido similar se pronunció el magistrado André Mendonça, aunque igual propuso una condena más dura, de siete años y once meses. Tanto Nunes Marques como Mendonça tienen un perfil claramente conservador y son los únicos que llegaron al Supremo de la mano de Bolsonaro, quien los propuso precisamente por su alineamiento con sus ideas políticas.
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