Manifestante con una bandera europea frente al cordón policial. | Reuters

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Los partidos gubernamentales Sueño Georgiano y Poder del Pueblo han anunciado este jueves a primera hora la retirada de un polémico proyecto de ley sobre agentes extranjeros que ha provocado una fuerte ola de protestas en Georgia a lo largo de esta semana. Tras varios días de manifestaciones y disturbios en contra de esta legislación, que la oposición considera de «corte ruso», los impulsores de la medida han procedido a su retirada a pesar de que el borrador había obtenido ya el primer visto bueno de la Cámara.

Así, tras una serie de consultas internas, ambas formaciones han decidido proceder a la retirada del proyecto de ley dadas «las diferencias provocadas en el seno de la sociedad», según han explicado en un comunicado. No obstante, han matizado que las protestas son una respuesta a la «máquina de mentiras que trata de presentar la ley de forma negativa y desinformar a cierta parte de la población». «Se ha etiquetado falsamente esta ley como rusa y ha sido presentada a la opinión pública como una medida que coloca a Georgia en el camino de salida europeo», han lamentado antes de dar las gracias a las fuerzas de seguridad por «responder a la violencia de los manifestantes con paciencia y los mayores estándares de actuación».

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En este sentido, establece que los georgianos deberían estar «más preocupados por la paz, la tranquilidad y el desarrollo económico del país, así como en allanar el camino hacia la integración en la Unión Europea». «Es necesario gastar la energía de los ciudadanos en el desarrollo del país en la buena dirección», ha defendido. Las fuertes protestas desatadas contra la legislación se han saldado con decenas de personas detenidas y medio centenar de policías heridos en Tiflis, la capital.

Los arrestados, considerados opositores al Gobierno georgiano, han sido acusados de desorden público y desobediencia a las autoridades por no seguir las directrices de los agentes. Miles de personas han salido a la calle para protestar contra el proyecto de ley, que buscaba crear una 'lista negra' de organizaciones, medios de comunicación y entidades que reciben generalmente financiación de países extranjeros, una medida que, según sus detractores, socavaría las libertades fundamentales de los ciudadanos.