Brasil tiene ocho tierras indígenas homologadas y 441 regularizadas, lo que corresponde a 107,2 millones de hectáreas, el 12,5 por ciento del Estado brasileño. Las últimas áreas en ser reconocidas podrían haber sido ya aprobadas en gobiernos anteriores. Sin embargo, el expresidente Bolsonaro se negó a hacerlo. La nueva medida beneficiará a más de 16.800 personas repartidas por una quincena de pueblos indígenas repartidos por toda la geografía brasileña, pero en especial por la Amazonía. En estas zonas estará vetada el alquiler de tierras, así como la caza, la pesca y la explotación de minerales a toda persona ajena a estas comunidades, necesitando en este último caso el permiso del Congreso.
Las nuevas autoridades han criticado que la homologación de estas tierras como espacios protegidos no haya sido confirmada estos años atrás puesto que las labores de demarcación ya habían sido realizadas. Por tanto, basta solo con la firma del presidente, en este caso de Lula, que se espera lo haga antes de cumplir los primeros cien días de mandato, cuenta el diario 'O Globo'.
Mientras tanto, la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, ha adelantado este lunes que el Gobierno utilizará la financiación reservada del Fondo Amazonia para ayudar a solventar la crisis humanitaria del pueblo yanomami, la principal comunidad indígena de Brasil, golpeada seriamente estos últimos años en medio de denuncias sobre la omisión del anterior gobierno de Bolsonaro.
«Los recursos del Fondo Amazonia serán destinados a acciones de emergencia», las cuales, ha explicado, están siendo analizadas en varios niveles, como la crisis sanitaria y alimentaria que «están asolando estas comunidades», así como de seguridad, lo que significa acabar con intrusión de la «criminal» minería ilegal. Creado en 2008, el Fondo Amazonia financia acciones para reducir los estragos de la deforestación.
Además de apoyar a las comunidades que viven en estas regiones y a las ONG que trabajan con ellas, los recursos también se destinan a los gobiernos locales para que puedan llevar a cabo medidas de prevención del medio ambiente. El fondo recibe financiación internacional, siendo Alemania y Noruega los países que contribuyen con la casi totalidad de los recursos de los que dispone. En 2019, las acciones del fondo quedaron paralizadas, después de que Bolsonaro decidiera suspender los comités que se encargaban de establecer las directrices de actuación.
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