La destrucción de viviendas en Cisjordania ahonda en el abandono de sus niños

El informe, 'Esperanza bajo los escombros: el impacto de la política de demolición de viviendas de Israel en la infancia palestina y sus familias', examina la percepción de 217 familias que han sufrido en sus propias carnes la demolición de su hogar, fruto de una controvertida política israelí que Save the Children insta a revertir.

«Nadie los paró ni podría evitar que volvieran a destruir nuestra casa, nuestras vidas. Entonces, ¿por qué debería molestarme en soñar con un buen futuro?», explica Fadi, de 16 años, que como tantos otros adolescentes ha dejado de confiar en autoridades locales, comunidad internacional e incluso sus propias familias.

Faris, de 14 años, teme que, allá donde vaya, alguien irá a por él y «destruirá» su vida.

«Seguimos moviéndonos para encontrar un lugar donde vivir, la inestabilidad me está volviendo loco», asegura a Save the Children, que publica su informe en plena incertidumbre sobre el futuro de los barrios de Sheij Jarrá y Silwan, en Jerusalén Este.
Ghassan, de 15 años, tiene pesadillas con las excavadoras que destruyeron s vivienda. Así, lamenta que solo arrastra «recuerdos tristes» y revive la demolición que dejó sin nada a su familia: «Todavía me siento traumatizado por los soldados y sus perros que atacaron e hirieron a mi padre» durante la demolición.

Tres de cada cuatro progenitores se sienten impotentes y con vergüenza y un 35 por ciento reconoce que, tras la demolición, están emocionalmente distantes con sus hijos. Un 80 por ciento de las familias reconocen que su situación financiera se ha visto gravemente aectada y más de una cuarta parte se ha quedado sin empleo, pero muy pocas aseguran que han recibido algún tipo de apoyo.

Save the Children considera que las demoliciones de viviendas son ilegales conforme al Derecho Internacional y reclama Israel, como potencia ocupante, que proteja a todos los que se encuentra bajo dicha ocupación. El director de la ONG en los Territorios Palestinos Ocupados, ha asegurado que las «impactantes» conclusiones del informe deberían ser «un grito de advertencia».

«A menos que la comunidad internacional deje claro que responsabilizará al Gobierno de Israel por tales violaciones, las casas y las escuelas seguirán siendo demolidas y los niños y niñas pagarán el precio más alto», ha añadido Lee. Solo en los últimos doce años, unas 6.000 familias se habrían visto afectadas por estas prácticas.