La comisaria de Salud, Stella Kyriakides, anunció a principios de esta semana un régimen de vigilancia en plena escalada de tensiones con AstraZeneca después de que la compañía anunciara que no sería capaz de cumplir el calendario pactado con la UE para el primer trimestre del año.
Bruselas prevé adoptar este mecanismo este viernes, aunque especifica que el objetivo principal es aumentar la transparencia y niega que persiga «bloquear» la exportación de vacunas fuera de la UE. Esta medida «de emergencia» entraría en vigor inmediatamente y será aplicable durante el primer trimestre del año, aunque podrá ser renovada si los problemas persisten.
«Esto no habría que hacerlo en un mundo ideal, pero hemos visto que no todo funciona bien», han argumentado las mismas fuentes. El Ejecutivo comunitario justifica este sistema por la necesidad de controlar cuántas dosis producidas en plantas europeas salen de la UE y también para rendir cuentas al contribuyente europeo, cuyo dinero ha sido utilizado para reservar unidades de la vacuna durante los últimos meses.
Para ello, la UE obligará a las compañías farmacéuticas de cada país a informar a las autoridades nacionales de aduanas sobre su intención de exportar vacunas a un tercero. En esta solicitud tendrán que especificar cuántas dosis se venderán, dónde han sido producidas y a quién se envían. En el inicio de la crisis el club adoptó una medida similar para evitar la salida de equipos de protección personal.
Las autoridades nacionales serán las encargadas de evaluar cada petición y decidir su autorizan el contingente o lo rechazan. Para ello utilizarán «criterios legalmente sólidos» sobre los que todavía está trabajando la Comisión Europea, puntualizan fuentes comunitarias.
El sistema contará con excepciones, como las exportaciones a países vecinos o de renta baja, y prevé que las decisión sobre si autorizar o no una remesa no se demore más de 24 horas.
Bruselas cree «justo» tener acceso a toda esta información en las circunstancias actuales y piensa que las exportaciones serán permitidas en la mayoría de los casos. Solo se rechazarán «en circunstancias muy específicas», cuando se detecten «incoherencias» que apunten a que esas vacunas deberían quedarse en el bloque de acuerdo con los contratos firmados entre la UE y las compañías.
«Sería un caso raro, pero puede pasar», advierten desde el Ejecutivo comunitario, que insiste que el objetivo básico del mecanismo es disponer de «información» que ahora no llega por la «falta de claridad» que rodea al proceso.
Durante los últimos meses, la UE ha llegado a acuerdos con diversos grupos farmacéuticos para garantizarse el suministro de vacunas una vez fueran aprobadas. En total, ha adquirido unas 2.300 millones de dosis a empresas como Pfizer/BioNTech, Moderna, CureVac, AstraZeneca/Universidad de Oxford, Janssen o Sanofi/GSK. También continúa negociando con Novavax y Valneva.
Estos contratos incluyen ayudas para aumentar la capacidad de producción dentro de la Unión Europea y Bruselas quiere garantizar que el dinero invertido en cada uno de ellos se utiliza para suministrar dosis a los países de la UE y no a terceros.
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