La conclusión aparece en un informe de cien páginas presentado por la relatora de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, quien visitó este año Turquía para investigar los sucesos del 2 de octubre de 2018 en el consulado saudí.
En el documento, que la próxima semana será presentado oficialmente ante el Consejo de Derechos Humanos, Callamard pide a la comunidad internacional que aumente las sanciones contra el príncipe saudí y sus propiedades, «hasta que pueda probar que no tiene ninguna responsabilidad».
El periodista «fue víctima de una ejecución deliberada y premeditada por la que Arabia Saudí es responsable bajo las leyes internacionales en materia de derechos humanos», concluye el informe de Callamard, elaborado tras seis meses de investigaciones.
Khashoggi, columnista del Washington Post abiertamente crítico con la monarquía de su país, fue presuntamente asesinado y descuartizado por agentes saudíes en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, a donde se había dirigido para tramitar su matrimonio, un suceso que generó una amplia condena en la comunidad internacional.
Según el amplio informe de la relatora, hay «evidencias creíbles que aconsejan una mayor investigación» sobre la responsabilidad del príncipe saudí en estos hechos «por parte de una autoridad apropiada», por lo que se demanda al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que también tome cartas en el asunto.
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