Un legislador ha sido arrojado al suelo y ha tenido que ser trasladado en una camilla; mientras que otra diputada se ha quejado de que estaba mareada después de sufrir un golpe en la cabeza.
Durante las últimas semanas han aumentado las tensiones respecto a la propuesta de ley que permitiría enviar a los acusados a China, en lo que supondría un recorte de las libertades fundamentales de la ciudad de acuerdo con los términos del traspaso británico a la soberanía de Pekín en 1997.
Los cambios propuestos han despertado un coro de preocupación inusualmente amplio entre las élites empresariales internacionales a los abogados y grupos de derechos humanos e incluso a algunas figuras próximas a Pekín.
Chris Patten, el último gobernador británico de Hong Kong que devolvió la ciudad al Gobierno chino en 1997, describió la medida «como un asalto a los valores, la estabilidad y la seguridad de Hong Kong».
Bajo esta ordenanza, Hong Kong tendría el derecho de ordenar la extradición de los delincuentes buscados a China, Macao y Taiwán, así como a otros países no cubiertos por los tratados de extradición existentes en Hong Kong. Como salvaguarda, tales órdenes, que se emitirán caso por caso, podrían ser impugnadas y apeladas a través del sistema legal de la ciudad.
El problema es que las propuestas podrían convertirse en ley más adelante en el año, y el bloque prodemocrático de la ciudad no tiene los escaños suficientes como para bloquear la decisión.
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