La joven indonesia escapó de su casa, en el rural municipio de Kepahiang, en suroeste de la isla de Sumatra, y se fue a vivir con unos amigos para evitar la boda, pero su padre la convenció de que regresase con la amenaza de que su madre iría a la cárcel a causa de la deuda.
Tras la ceremonia islámica, Marianti dejó los estudios, se mudó con su marido a dos kilómetros de su familia y comenzó a trabajar en una plantación de palma aceitera donde ganaba menos de dos dólares al día.
La unión no fue registrada legalmente hasta años después, aunque la adolescente quedó embarazada a los pocos meses.
«Tuve mi primer aborto a los catorce años, entonces no sabía que estaba embarazada; me enteré cuando fui a un médico y me dijo que estaba de dos meses. No entendía lo que era un embarazo entonces y todavía jugaba», cuenta a Efe la indonesia, que ahora tiene 31 años y continúa casada por sus hijos de 5 y 11 años.
«Cada vez que mis hijos o yo enfermamos (mi marido) nunca nos lleva al doctor, siempre es otra persona», añade en una entrevista en un hotel de Yakarta.
Su caso es uno de los que evidencian el daño que está práctica, anclada en costumbres sociales y necesidades económicas, provoca en las mujeres del país con la mayor población musulmana del mundo -cerca del 88 por ciento de sus más de 260 millones de habitantes practican el islam-.
El 17 por ciento de las mujeres indonesias que contrajeron matrimonio en 2016 tenían menos de 18 años, según datos gubernamentales del censo de población.
Informes de Unicef indican que el matrimonio infantil afecta al año a más de un millón de indonesias de menos de 18 años, incluidas decenas de miles de menores de 15 años.
La legislación matrimonial de Indonesia, aprobada en 1974, establece un mínimo legal de 19 años para los varones y 16 para las mujeres, siempre y cuando cuente con el permiso de los padres de ambas partes.
Sin embargo, la ley prevé una excepción que evita el límite de edad en el caso de uniones por «creencias religiosas» y que debe contar con la aprobación de una instancia confesional.
En diciembre, el Tribunal Constitucional de Indonesia dictaminó que se debe efectuar una revisión judicial de la ley de 1974 al considerar que discrimina contra los derechos de las mujeres.
La iniciativa, impulsada por una coalición de ONG garantes de los derechos de la mujer y los niños, deberá llevarse a cabo por el Parlamento, que decidirá la nueva edad mínima en un plazo máximo de tres años.
La semana pasada, Marianti viajó a la capital indonesia para reunirse con el presidente del país, Joko Widodo, como parte de las consultas con la sociedad civil para reformar la legislación.
Junto a ella viajaba Juminarti, una voluntaria en Kepahiang de la Coalición de Mujeres de Indonesia (KPI), que aseguró que los padres casan a sus hijos menores para prevenir las relaciones antes del matrimonio o salvaguardar la reputación de las familias.
Juminarti, que como muchos indonesios tiene un solo nombre, asegura que la voluntad de los padres está respaldada por las oficinas religiosas y las administraciones locales que «llegan a falsificar los documentos» para legalizar las uniones.
Por su parte la directora de la Fundación para la Salud de la Mujer, Zumrotin K. Susilo, se muestra optimista acerca del cambio, aunque asegura que se opondrán algunos de los grupos políticos islámicos.
En su opinión, el mayor obstáculo será el punto referente a las excepciones a la minoría de edad en el matrimonio por razones religiosas, algo respaldado por las principales organizaciones islámicas, incluidas las moderadas.
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