La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo que la semana próxima solicitará autorización al Parlamento de Edimburgo para obtener del Ejecutivo de Londres una orden que permita al legislativo escocés regular la convocatoria del plebiscito.
Sturgeon reveló sus intenciones en vísperas de que May invoque el artículo 50 del Tratado de Lisboa -lo que iniciará los dos años de negociación con Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE)-, una vez reciba, esta misma noche o en los próximos días, la autorización del Parlamento británico.
Según la líder escocesa, el referéndum de independencia, que debe ser aprobado por el Gobierno y el Parlamento de Londres, debería celebrarse «entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019», cuando las opciones sobre el 'brexit' estén «más claras que ahora», pero «antes de que sea demasiado tarde» para que los escoceses decidan su destino.
En su opinión, si Escocia no se pronuncia «sobre la relación que quiere» antes de que el Reino Unido salga del bloque, en principio a mediados de 2019, se enfrentará a «un largo periodo fuera no solo de la Unión Europea, sino también del mercado único».
En una rueda de prensa en Bute House, su residencia oficial en Edimburgo, la nacionalista Sturgeon acusó a la conservadora May de haber respondido con un «muro de intransigencia» a su oferta de negociar la permanencia de Escocia en el mercado europeo cuando el Reino Unido salga de la UE.
A diferencia de Inglaterra y Gales, y al igual que Irlanda del Norte, Escocia votó por un 62 % frente al 38 % a favor de permanecer en el bloque comunitario en el referéndum británico del pasado 23 de junio.
Desde el voto favorable al 'brexit', el Gobierno nacionalista escocés ha amenazado con promover una segunda consulta separatista, tras la que perdió en 2014, si el Ejecutivo de Londres no atiende a su prioridad de mantener la relación con Bruselas.
May elevó la retórica el pasado 3 de marzo cuando, en un discurso durante el congreso del Partido Conservador escocés, acusó al SNP de Sturgeon de «descuidar» las necesidades primarias de la región en favor de su objetivo secesionista.
En vistas a la aparente imposibilidad de alcanzar un consenso sobre la salida de la UE, la líder escocesa anunció este lunes que pedirá al Parlamento autonómico permiso para obtener de Londres la llamada «orden bajo la sección 30», que permitiría a Edimburgo legislar sobre un nuevo referéndum.
En virtud de la ley de Escocia de 1998, que sentó las bases de la autonomía, el Gobierno central debe autorizar el traspaso de poderes al legislativo autonómico en casos específicos mediante una Orden de Consejo al amparo de la sección 30 de esa legislación.
El contenido de esta orden debe posteriormente ser aprobado por los Parlamentos de Londres y de Edimburgo.
Aunque el coste político sería alto, no hay garantías de que May sancione tal orden para la celebración de ese segundo plebiscito.
La primera ministra conservadora dijo este lunes, en un declaración a la BBC, que convocar una segunda consulta sería «divisorio» y causaría una «gran incertidumbre económica», y aseguró que mantendrá las negociaciones con las autonomías.
Sturgeon, cuyo partido tiene 63 escaños de los 129 asientos del Parlamento escocés de Holyrood, también se ha mostrado dispuesta a seguir hablando con el Gobierno central pero sostiene que la posibilidad de consenso es «remota».
El líder laborista británico, Jeremy Corbyn, dijo por su parte que su partido, primero de la oposición, «no bloquearía» en la Cámara de los Comunes la convocatoria de un segundo plebiscito si éste es aprobado por el Parlamento escocés.
Sin embargo, explicó que lo considera innecesario y que el Laborismo se opondría al mismo en el Parlamento de Edimburgo (donde tiene 23 escaños) y en una eventual campaña, si llega a celebrarse.
El Partido Nacionalista Escocés (SNP) sostiene que tiene «un mandato democrático de acero» para convocar un nuevo referéndum de independencia pues en su manifiesto electoral de 2016 incluyó que se plantearía esa opción si «se saca a Escocia de la Unión Europea contra su voluntad».
Una encuesta de Ipsos Mori del 9 de marzo mostraba una división del 50 % a favor y en contra de la independencia aunque, cuando se tenía en cuenta a los indecisos, ganaba por poco la permanencia en el Reino Unido, con un 51 frente a un 49 %.
En el referéndum del 18 de septiembre de 2014, un 45 % de los escoceses votaron a favor de la independencia frente al 55 % que optó por permanecer en el Reino Unido.
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