La ONU denuncia la anarquía en el este de Ucrania, a nueve días de elecciones

Tras el agravamiento de la crisis en Ucrania y la expansión del movimiento de insurrección prorruso en las regiones orientales de Donestk y Luhansk, la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas desplegó una misión de 34 observadores en Ucrania.

La ONU publicó hoy el segundo informe elaborado por sus representantes entre el 2 de abril y el 6 de mayo, y en él se denuncia el «aumento de secuestros y detenciones ilegales», con periodistas como las principales víctimas.

Funcionarios locales, activistas políticos y hasta policías han sufrido detenciones arbitrarias, muchos han estado en paradero desconocido varios días, otros siguen desaparecidos y se ha informado del hallazgo de algunos muertos.

Sin embargo, no todos los casos se atribuyen a grupos armados prorrusos. También se mencionan denuncias creíbles de personas detenidas y transferidas a Kiev por las fuerzas de seguridad y cuya condición -entre el momento de su detención y del esclarecimiento de su paradero- «equivalía a una desaparición forzada».

El documento señala que buena parte de los ataques contra informadores ocurren en Sloviansk, uno de los principales focos de la insurrección prorrusa y cuya responsabilidad se atribuye a la llamada «Unidad de Autodefensa de Sloviansk».

En los puestos de control en esa ciudad, hay listas los nombres de periodistas y de otras personas que están siendo buscadas, con fotografías y datos personales, señala la ONU.

«La lucha por el control de los medios de comunicación y quién puede emitir continúa en Ucrania, particularmente en el este», agrega.

La ONU dedica seis páginas de su informe -de un total de 34- a la situación en Crimea tras su anexión por parte de Rusia, oficializada mediante la firma de un tratado entre las autoridades de las dos partes el pasado 18 de marzo.

Sobre la península se afirma que la aplicación de la legislación rusa está creando graves problemas para sus habitantes, en cuestiones como la nacionalidad, el acceso a tratamientos médicos o la libertad de prensa y de expresión.

Los residentes en Crimea de nacionalidad ucraniana debían pedir ser reconocidos como rusos hasta el 18 de abril -se les dio justo un mes- y los que no cumplieron con este plazo se «enfrentan ahora acoso e intimidación».

Para aquellos que no han solicitado ser rusos, la ONU pide que se les garantice su derecho a la propiedad y sobre la tierra, el acceso a la educación y a la salud, y que no se les retiren los beneficios sociales que normalmente se asocian a la nacionalidad.

El jefe para Europa, Asia Central y las Américas del Alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Gianni Magazzeni, dijo a la prensa -poco después de la difusión del informe- que una preocupación central es la situación de los tártaros, que son la gran mayoría de las 7.200 personas que abandonaron Crimea tras la anexión.

Ellos se han convertido en desplazados en otras partes de Ucrania y su número se ha más que duplicado en un mes, advirtió el funcionario.

La comunidad tártara teme ser perseguida por profesar la religión musulmana, principalmente después de que las autoridades locales prohibieran las actividades de una agrupación política islamista que funcionaba sin problemas desde hace una década.

Rusia reaccionó minutos después de ser publicado el informe y acusó a la sección de derechos humanos de la ONU de intentar «encubrir» a las autoridades de Kiev, de «carecer totalmente de objetividad» y de estar repleto de «inconsistencias"

Sobre los asuntos sin resolver desde las protestas proeuropeas que tuvieron lugar en Kiev entre fines de 2013 y principios de este año, el informe menciona que se atribuyen 46 asesinatos a las fuerzas antidisturbios y que 83 personas permanecen desaparecidas.