En 2018, la Comisión Europea realizó una consulta histórica donde participaron 4,6 millones de ciudadanos. El resultado fue contundente: más del 80% se manifestó en contra de mantener los cambios horarios bianuales. Esta masiva respuesta llevó a la Comisión a proponer la eliminación de esta práctica para marzo de 2019, una iniciativa que quedó paralizada por la falta de consenso entre los Estados miembros y, posteriormente, por la irrupción de la pandemia.
En España, el Centro de Investigaciones Superiores (CIS) realizó en noviembre de 2018 una encuesta reveladora: el 65% de los españoles preferían mantener permanentemente el horario de verano. El Gobierno español creó un comité específico de expertos para analizar esta cuestión, aunque todavía no se ha tomado una decisión definitiva sobre qué huso horario adoptar en caso de que se elimine el cambio estacional.
La regulación actual se basa en la directiva europea del año 2000, que establece las normas para todos los Estados miembros sin excepción. Las primeras disposiciones sobre el horario de verano en Europa se remontan a 1980, pero fue esta directiva la que unificó el calendario de cambios, fijándolos en marzo y octubre.
Los expertos señalan diversos efectos negativos del cambio horario sobre la salud y el bienestar de la población. Entre ellos destacan las alteraciones del ritmo circadiano, problemas de sueño y adaptación, especialmente en niños y personas mayores. El argumento original de ahorro energético ha perdido fuerza con los avances en eficiencia energética y nuevas tecnologías.
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