Los casos de acoso escolar grave en los centros docentes de Balears constituyen un problema escabroso que algunos pretenden silenciar, ocultar o maquillar.
Pero no son hechos aislados, y aunque se haya frenado la aceleración de estos comportamientos, el curso pasado pasó de 161 a 185. No son todos, aunque estos fueron los denunciados, aquellos que se incorporaron a las estadísticas, pero hubo más. Conflictos y enfrentamientos que no cesan en todas las etapas escolares, con mayor incidencia en las aulas de ESO, FP y Bachillerato.
Una realidad tan obvia como dolorosa que incomoda a los profesores, devasta a los padres y quiebra a los alumnos que son las víctimas. Existen medidas y pautas, como el prolijo «Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament i el ciberassetjament escolar de les Illes Balears», que fue revisado a fondo y actualizado en septiembre de 2023.
Pero en muchos casos se aplica tarde y mal. En primer lugar por el bochorno del alumno que está siendo acosado y agredido, verbal o físicamente. Al mismo tiempo, por el procedimiento a tramitar, que exige dedicación, indagaciones y eficacia. Y por los reparos de directores y jefes de estudios a intervenir para evitar el daño reputacional del centro.
Pero el elefante está en la habitación, y no se puede ignorar cuando en el curso 2023-2024 se dispararon un 32 por cien los enfrentamientos de alumnos con profesores que requirieron en 445 ocasiones la presencia de policías tutores. Lo peor sucede cuando los padres, ante la pasividad de quienes han de intervenir, se toman la justicia por su mano ante el matonismo que practican alumnos mayores sobre quienes se forman en cursos inferiores.
No es admisible que la medida del cambio de centro se aplique más a la víctima que al acosador. Es una mala solución que beneficia al agresor y constituye un doble castigo para quien ha sido vejado, menospreciado e insultado. La conflictividad en las aulas no puede quedar impune.
