La pasada semana les hablé de como la administración pública española se ha convertido en un mastodonte burocrático que lastra la eficiencia del sistema, genera duplicidades de funciones y encarece el coste para los contribuyentes. Hoy me propongo analizar las consecuencias de esta situación, e intentar proponer una serie de soluciones para revertir una ineficiencia que compromete la prestación de servicios esenciales.
España cuenta con una organización administrativa que se estructura en tres niveles: estatal, autonómico y local. Aunque esta división tiene como objetivo descentralizar el poder y acercar la administración al ciudadano, en la práctica ha derivado en una hipertrofia de cargos públicos con serias consecuencias económicas y sociales.
Veamos: Primero.- Referido a la Administración Central (Estatal), esta incluye los cargos de ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y sus respectivos equipos de asesores, empresas públicas, RTVE, delegados de gobierno y un largo etc. Si bien es verdad que el Gobierno central representa la parte menor del total de cargos, su coste es elevado debido a los altos salarios y beneficios asociados a estos puestos, proliferando de manera abusiva el número de asesores designados por afinidad política y no por su competencia profesional.
Actual Consejo de Ministros. Foto:hosteltur.com
Segundo.- Si hablamos ahora de la Administración Autonómica, debemos saber que está constituida por 17 Comunidades Autónomas y 2 ciudades autónomas. Cada región o comunidad tiene su propio gobierno, parlamento y administración. A día de hoy podemos afirmar que, con el paso del tiempo, se ha generado una duplicidad de competencias en áreas como sanidad, educación, medio ambiente…, donde coexisten estructuras paralelas, no solo a nivel estatal, sino también a nivel provincial (Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares), y en algunos casos local.
Tercero.- Al referirnos a la Administración Local debemos tomar conciencia que España cuenta con 8.131 municipios, de los cuales más del 60% tiene menos de 1.000 habitantes. Si bien es verdad que en muchos de estos municipios los cargos públicos (alcaldes y concejales), no perciben un sueldo fijo, no es menos cierto que, dado el volumen de la administración local, el gasto para mantener a los 70.000 cargos de ayuntamientos, es elevado.
Podemos ilustrar lo dicho con algunos ejemplos prácticos de ineficacia administrativa. Basta observar cuáles son los trámites burocráticos que tendrá que desarrollar un ciudadano que desee solicitar una licencia para abrir un negocio: iniciara el trámite redactando un proyecto para después solicitar permiso municipal que, en función del negocio, actividad u obra, deberá contar con informes sectoriales, algunos emitidos por la Comunidad Autónoma, otros por las Diputaciones, Cabildos o Consells y en algunos casos por la propia Administración del Estado; eso por no hablar de las exigencias de cumplimiento de ciertas normativas europeas. Ante este panorama el proceso se alarga, no ya durante meses sino que, en muchos casos, durante años, por falta de cooperación y coordinación entre administraciones.
En relación a la duplicidad de competencias, basta referirnos al ámbito de la educación, donde tanto el Ministerio de Educación como las consejerías autonómicas gestionan programas educativos en muchos casos distintos y contradictorios. Esto genera situaciones absurdas, como la coexistencia de distintos sistemas de oposiciones para docentes según la comunidad autónoma de que se trate, dificultando la movilidad del personal y disparando los costes administrativos. Ni que decir tiene cuando hablamos de los servicios sanitarios, en que cada comunidad autónoma gestiona su propio servicio de salud, nos conduce a disparidades significativas en la calidad y disponibilidad de los tratamientos.
La pregunta es clara, ¿cuál es el impacto económico y social provocado por la hipertrofia administrativa? En primer lugar, con un gasto de 17.500 millones de euros anuales en cargos públicos, los contribuyentes españoles soportan una de las cargas fiscales más altas de Europa, sin que observe mejora alguna en los servicios esenciales como la sanidad, la educación o las infraestructuras.
En segundo lugar, la eficiencia administrativa se ve truncada por la fragmentación y duplicidad de competencias, generando confusión entre los ciudadanos y ralentizando los procedimientos. Trámites que deberían ser simples, como la gestión de la DANA en Valencia o del volcán de La Palma son ejemplo de ello. En tercer lugar, la desigualdad territorial, las disparidades en recursos y capacidades administrativas entre comunidades autónomas y municipios, crean una España de varias velocidades.
La solución no es fácil, y en algunos casos podría ser traumática, por la costumbre y vicio ya consolidado en la administración pública española. No obstante ello, propongo, por necesario e imprescindible, fusionar competencias redundantes y eliminar organismos, empresas públicas y agencias innecesarios. Como segunda propuesta, racionalizar los cargos públicos. Ello se consigue limitando por ley el número de asesores y cargos de confianza, estableciendo criterios de profesionalización en la selección de personal. Por último propongo fusionar municipios menores de 1.000 habitantes, para garantizar unos servicios adecuados, optimizando los limitados recursos económicos de estos municipios.
En definitiva, como se dice vulgarmente, se trata de coger el toro por los cuernos y empezar de una vez por todas a trabajar en la necesaria e imprescindible reforma administrativa de España, teniendo siempre presente que la administración es la que debe estar al servicio del ciudadano y no al revés.
Pero que nadie se confunda; no propongo eliminar ningún servicio público básico ni inversión. Lo que propongo es eliminar gran parte de la mastodóntica carga económica que supone la sobredimensionada estructura política de cargos públicos, coches oficiales, viajes sin control, edificios infrautilizados e incluso cerrados, subvenciones indiscriminadas y un largo etcétera.
Sin mediadas contundentes, sin afrontar con valentía la realidad existente, el entramado burocrático seguirá creciendo, alimentando un sistema costoso e impracticable que perjudica tanto a los contribuyentes como el futuro del país.
