Sigo con preocupación acontecimientos de Colombia, país que no consigue cerrar las heridas de una larga guerra teóricamente finalizada tras un complicado proceso de paz en 2016.
Un recién y magnífico reportaje de la televisión francesa1, siempre sensible al secuestro y liberación de Ingrid Betancourt, termina alertando de que aún siguen 4.500 efectivos de las FARC en activo. Y noticias actuales hablan de violentos enfrentamientos entre terroristas del ELN y de las citadas FARC en la región de Catatumbo, en el departamento Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. La zona controlada por los terroristas, con amplias plantaciones de coca (la prensa cita 50.000 hectáreas), la convierten en el segundo productor nacional de la droga. Estas bandas residuales no conservan la menor ideología con la que se vistieron en otros tiempos, y tienen hoy estructuras claramente «cartelizadas» disputándose el territorio por el dinero que les reporta el control de la producción de coca.
Uno de los grandes enemigos de la lucha de Colombia por eliminar a sus grupos terroristas, ha sido y sigue siendo la indefinición de sus fronteras.
En un impresionante diálogo entre de la propia Ingrid Betancourt, seis años secuestrada por las FARC, con Juan Manuel Santos, que fue ministro de Defensa con Uribe y posteriormente el presidente que llegó a la firma de la Paz2, declara: «Muchas veces estuvimos en sitios en los que no sabíamos si estábamos en Brasil, Venezuela, Ecuador o Colombia». En la selva, muy particularmente la amazónica, las fronteras son virtuales, dependientes de temporadas de lluvias y ríos, todo en medio de montañas y una vegetación exuberante. Esta circunstancia ha sido aprovechada históricamente por movimientos guerrilleros: «bolsones» en Honduras utilizados por la «contra» nicaragüense, o en la propia Nicaragua utilizados por el FMLN salvadoreño, como casos más cercanos y conocidos.
¿Asume responsabilidades el país que alberga al enemigo de su vecino? ¿Debe siempre respetar su soberanía, el vecino hostigado? Israel lo tuvo claro con las milicias de Hezbollah en el sur del Líbano. ¿Nos acordamos de cuando ETA tenía santuarios seguros en el sur de Francia?
Volvamos a Colombia, país al que quiero y al que he aportado mi grano de arena, desde la presidencia de Pastrana -zona de despeje de San Vicente de Caguán-, de Uribe, vía Naciones Unidas y finalmente con Santos, en las conversaciones de paz en La Habana. La liberación de Ingrid Betancourt, junto a la de decenas de militares, policías, políticos y empresarios norteamericanos, constituía un objetivo prioritario del gobierno de Uribe. Dada la ascendencia francesa de la que fue candidata a la Presidencia colombiana, intervino Sarkozy involucrando a Hugo Chávez más cercano a las FARC. Un brillante operativo de inteligencia consiguió liberarlos -operación «Jaque»- sin los riesgos de un rescate militar, siempre complejo, porque los secuestradores ante el menor peligro, asesinaban a sus rehenes.
No me referiré concretamente a esta operación «Jaque» que liberó a Ingrid en julio de 2008, sino en la inmediata que la posibilitó –«Fénix»- desarrollada a primeros de marzo del mismo año. En la madrugada del día 1 aviones colombianos, oficialmente desde su espacio aéreo, destruían un campamento de las FARC situado a 1.800 metros (la Angostura, Santa Rosa de Yanamaru) dentro de territorio ecuatoriano. A la acción aérea siguió una incursión con helicópteros con el resultado de 23 muertos, de ellos un soldado colombiano, cuatro estudiantes mexicanos, el resto miembros de las FARC incluido Raúl Reyes, segundo responsable de su Secretariado.
Con él, los atacantes se hicieron con ordenadores de la organización que permitieron descifrar claves de su operativo de secuestros. El punto fue localizado a través del teléfono satélite de Raúl Reyes, en una conversación el 27 de febrero con Hugo Chávez, según fuentes colombianas.
El conflicto internacional estaba servido. Violación de soberanía según unos, legítima defensa y estado de necesidad según otros. Retirada de embajadores; notas de protesta; reuniones urgentes de la OEA.
Si Ecuador «no quería o no podía ver los movimientos de las FARC a través de su territorio», ¿tenía derecho a defender su soberanía? Colombia, que hábilmente pidió excusas, prometió indemnizar a ciudadanos ecuatorianos afectados, apelando al principio de legítima defensa, sin ninguna intención de invadir el país hermano. Años más tarde, cerraron el conflicto con un abrazo, Uribe y el nuevo presidente de Ecuador Guillermo, Lasso que sustituyó a Rafael Correa.
Difícil respuesta del Derecho Internacional y de las instituciones del mismo rango, ante situaciones como estas más que frecuentes en el devenir de la Historia. Si hoy es Venezuela la que alberga restos de las FARC y al ELN -movimiento que ahora se declara binacional- en su territorio, debe asumir «operaciones de limpieza» de su vecino colombiano. Cada uno en su casa.
