Recientemente, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha hecho públicas unas declaraciones en las que defiende la idea de aplicar el IVA a la sanidad y educación privadas. Su postura, que equipara estos servicios a «yates» o «elementos suntuarios», nos exige una reflexión profunda, ya que esta medida ignora la realidad económica y social del país.
Uno de los argumentos más cuestionables es la comparación implícita que la vicepresidenta establece entre el acceso a la sanidad privada y el lujo de poseer un yate. Este paralelismo, francamente inapropiado, ignora el hecho de que más de un 27 por ciento de los ciudadanos españoles —es decir, 12,4 millones de personas— disponen de algún tipo de seguro de salud privado. ¿Son todos ellos «ricos» que deben asumir una carga tributaria mayor? Difícilmente. En un contexto de saturación del sistema de salud pública, la sanidad privada no es un capricho suntuoso, sino una opción necesaria para muchos.
ADEMÁS, Díaz sugiere que se aplicará el IVA para reducir las desigualdades, pero tal medida podría tener efectos exactamente opuestos. La sanidad privada no solo complementa el sistema público, sino que absorbe una importante demanda de servicios médicos. Imponerle un IVA, al 10 por ciento o al 21 por ciento, supondría encarecerla para millones de personas que, por su salud, requieren de este acceso alternativo. ¿Qué sucedería si esos mismos ciudadanos se ven obligados a dejar la sanidad privada? La respuesta es clara: la ya saturada sanidad pública sufriría aún más, incrementando las listas de espera y debilitando el servicio para aquellos que realmente dependen de él. La medida, entonces, no aliviaría la sanidad pública, sino que la colapsaría más aún, en perjuicio de toda la ciudadanía.
En el caso de la educación, la situación es igualmente alarmante. Muchos estudiantes que optan por instituciones privadas lo hacen porque no han logrado acceder a la pública, ya sea por el alto nivel de competencia o por falta de plazas. Gravar esta opción, ya de por sí costosa, con un impuesto adicional solo beneficiaría a quienes verdaderamente poseen recursos. Si el objetivo es garantizar que la educación esté al alcance de todos, gravar la educación privada no es el camino; la medida agravaría las desigualdades y convertiría ciertas oportunidades educativas en exclusivas para los más adinerados. ¿Es realmente deseable un país en el que la educación privada se convierta en un privilegio de pocos?
POR OTRO LADO, cabe recordar que, según la normativa de la Unión Europea, la educación y la sanidad privadas están exentas de IVA en la mayoría de los países de la eurozona. Este sistema se ha adoptado precisamente para evitar agravar las cargas económicas de los ciudadanos en sectores esenciales. Implementar el IVA en estas áreas no es solo una decisión nacional, sino una cuestión de consenso europeo. Por tanto, si el Gobierno realmente desea llevar adelante este cambio, deberá proponerlo en el ámbito comunitario, donde tendría que enfrentarse a la oposición de numerosos Estados miembros.
FINALMENTE, estas declaraciones de la vicepresidenta Díaz son un ejemplo de las contradicciones de ciertos discursos políticos en España. Afirmar que «este debate no va de subir o bajar impuestos, sino de quién los paga» sugiere una intención de justicia fiscal; sin embargo, esta supuesta igualdad solo serviría para penalizar a quienes ya soportan una carga importante en la búsqueda de bienestar y educación. La sanidad y la educación no son lujos en España; son derechos fundamentales que, en la medida de lo posible, deben estar al alcance de todos, tanto en el sector público como en el privado.
