Hace unos años entrevisté a destacadas personalidades que intervinieron en el proceso de la transición política en España, permitiéndome un análisis de la evolución político-económica desde comienzos de los años setenta hasta el último gobierno de Adolfo Suárez, siendo Fernando Abril destacado protagonista («Economía Política de la transición en España, 1973-1980», 2004, ed. Complutense).
Cuando las dos grandes crisis del petróleo, de 1973 y de 1979, las políticas anticíclicas frente ambos choques energéticos acabaron con el orden económico internacional de Bretton Woods, base de la Golden Age europea (1950-1973), y fundado en los planteamientos arbitrados por Keynes. Seguidamente se iniciaron las políticas instauradoras del globalismo económico financiero, surgiendo la desindustrialización creciente de países occidentales, que, en España, generó una estructura laboral con un altísimo volumen de paro superior al de su entorno.
Tanto en los años de 1930 como en los de 1970, la recuperación económica pasaba por las inversiones empresariales, lo cual dependía también de una política monetaria ajustada conforme a la naturaleza de la crisis. La política de UCD superó el reto, haciéndose una política monetaria tempranamente correcta, acompañada de una política de oferta empresarial innovadora de cauces institucionales y en contenidos, lo cual no quiere decir que no existieran elementos críticos, y, quizás, mejorables; pero en lo que se refiere a la interpretación económica y política del gobierno fue irreprochable.
El objetivo era estabilizar en España la democracia como régimen político, después de un paréntesis de cuatro decenios; en los años treinta se había fracasado, en los años setenta esto no debía ocurrir. La economía y sociedad española eran propicias a un sistema democrático; pero había mucha tarea por delante. El objetivo político era inalcanzable sin una auténtica reconciliación entre todos los españoles, dando cabida a la concordia ante lo que había sido una guerra civil fratricida.
El ciclo económico español experimentó un estancamiento, con fluctuaciones, a partir de la crisis del petróleo, 1973. La relación de intercambio, como ratio entre precios de exportación y precios de las importaciones, ofrece un movimiento descendente entre 1920 y 1980, con oscilaciones; y así, hasta cierta recuperación entre 1965 y 1969, volviendo luego a caer; de manera que España se industrializó teniendo en contra su relación de intercambio. Ese país tuvo una estructura exportadora mayoritariamente basada en la exportación de bienes del sector primario, mientras los precios fueron desfavorables a este sector respecto a los precios industriales; y cuando España se hizo exportadora de manufacturas, entonces, en 1972-1973, se incrementaron los precios relativos primarios, en concreto, del petróleo, combustible que este país tenía que importar en su integridad.
Cuando se legalizó el PCE (recordemos que fue el 9 de abril de 1977) el cuadro económico español era el siguiente: 1) tasa de inflación de 28,4; 2) el PIB, pasó a decrecer en 1973, cayendo a un 1,1 % en 1975 y un 3,2 % en 1977; 3) la peseta se devaluó en un 21 % entre 1973 y 1976; 4) la balanza por cuenta corriente tenía un saldo positivo de 556,8 millones de dólares en 1973 y pasó a un saldo negativo de 4.293,6 millones de dólares en 1976; y 5) la relación de intercambio tuvo una tendencia decreciente desde 1973. La crisis del petróleo había provocado que los salarios crecieran mucho entre 1973 y 1977, aunque la distribución funcional no cambió respecto a los sueldos y salarios en la Renta Nacional; causas de ello fueron: 1) el índice de precios del consumo aumentó un 58 % en dicho periodo; y 2) que el número de parados avanzó de 374.000 (1973) a 640.600 (1976); algo más de un 70 % (J. Hernández Andreu, 2004, 28).
Los salarios crecieron más que los precios; a pesar de todo, las importaciones de petróleo aumentaron de 41,4 millones de toneladas en 1973 a 49 millones en 1976. Aquellos datos se explican por la substitución acelerada de mano de obra por capital y energía; ya que, sin embargo, el precio de ésta creció por debajo de cómo lo hicieron los salarios. Desde 1960, España había tenido un crecimiento «energético-intensivo» y «petróleo intensivo», respecto a la media de la OCDE y en 1973 se pasó a la situación opuesta. La estructura productiva española era más vulnerable en términos comparados y la construcción experimentó la crisis más intensa (L. Gámir, 2000, 39).
Afloró el conflicto laboral, hasta entonces encubierto, cuyos términos trataremos en un siguiente artículo, quedando planteada la necesidad de establecer una respuesta institucional que resolviera de modo reglado democráticamente las relaciones propias del mundo del trabajo en España.
En 1960 despegó el turismo en Menorca, que no dejaría de crecer hasta 1973, junto al comercio, el movimiento de pasajeros y la renta, manteniéndose en esos años el predominio industrial. Entre 1965 y 1975 el aumento poblacional fue de 10.000 habitantes, siendo inmigrantes casi la mitad. Desapareció, además, el saldo negativo en el movimiento migratorio. Estos datos permiten hablar de milagro económico menorquín. Este proceso se interrumpiría en 1974, cuando la economía internacional, y también la menorquina, entró en la nueva etapa de signo declinante.
