Se cumple ahora el primer aniversario de las elecciones generales que recolocaron a Sánchez en la Moncloa gracias al muy interesado apoyo de los independentistas de Puigdemont. Sobre ese pecado original campean muchos de los análisis que cuestionan la legitimidad de un Gobierno que, a cambio de poder, apadrinó una amnistía a los condenados judicialmente por un fallido intento de romper el Estado.
Desde entonces, el Ejecutivo viene actuando a la defensiva de los reproches sociales, políticos, mediáticos y judiciales, que nunca asumieron de buen grado la decisión de anular el trabajo del Tribunal Supremo en un juicio público elogiado dentro y fuera de nuestras fronteras por su rigor técnico y su exquisito respeto a las garantías procesales.
No obstante, sostienen en la Moncloa que la renovación del CGPJ y la muy probable aprobación de los PGE 2025 en tiempo y forma demuestran que el Gobierno ha recuperado la iniciativa legislativa y que esta será una Legislatura duradera.
Permitan ustedes que lo ponga en duda, pues el voluntarista discurso oficial ignora deliberadamente dos relevantes datos de la realidad:
Uno, la corrupción de kilómetro cero en torno a Sánchez, que el día 30 de junio va a recibir en su despacho al juez Peinado, ante el que debe prestar declaración en relación con la actividad profesional de su esposa, que está bajo sospecha de conductas presuntamente delictivas. (Hemeroteca: por ser llamado a declarar el entonces presidente Rajoy por el caso Gurtel, el entonces aspirante Sánchez pidió la dimisión de aquel ¿Se aplicará el cuento con los papeles cambiados?).
Y dos, el sindicato de costaleros parlamentarios del Gobierno está fracturado, tras la espantada de Podemos y el estado de rebeldía permanente de los nacionalistas catalanes (JxC y ERC), por las dificultades sobrevenidas en la gobernabilidad de Cataluña y en la aplicación de la ley de amnistía.
Justamente sobre esos dos rocosos obstáculos en el camino de Sánchez (corrupción de cercanías y política catalana) ha diseñado el PP, como alternativa de poder, su estrategia de acoso y derribo. Y hace todo lo posible para escenificarlo, como seguramente veremos en el pleno del Congreso que este martes 23 que cierra el periodo de sesiones hasta septiembre. Básicamente, por la cuestión migratoria (reparto obligatorio entre el resto de las Comunidades de los «menas» acogidos en Canarias), elegida por el PP para visualizar la fractura en el pacto de investidura que se generó tras las elecciones del 23 de julio del año pasado.
Y, además, el gaseoso debate sobre la no menos gaseosa voluntad de regeneración democrática propuesta hace unos días por el presidente del Gobierno, que va camino de congelarse hasta septiembre.
