Ley de concordia

Sobre nuestra guerra. Sin causa aparente, sin ninguna situación previa, sin antecedentes, por capricho, por maldad, se produce un golpe de Estado y se inicia una guerra civil.

Se traza entonces una línea que divide el territorio español en dos, o se levanta una frontera en cada ciudad, y cada cual escoge su bando libremente y libremente también, se pone a luchar con el contrario. Esa es el relato, la única interpretación de la historia que se admite hoy. Sin matices.

La realidad: Yo soy republicana, pero soy católica, ¿en qué bando se supone que debo estar? Unos me matarán por ser católica y otros por ser republicana.

Imaginen que soy militar y el inicio de la guerra me sorprende en una población o un destacamento que opta por uno u otro bando ¿Me mantengo fiel a la autoridad o a mis convicciones? ¿Y qué ocurre si yo soy socialista y mis mandos pasan a ser milicianos comunistas o anarquistas? ¿Deserto? ¿Combato?

¿Y si nunca me ha importado la política y otros trazan la línea por mí y me encuentro en un bando que no he elegido? ¿Y si resulta que alguien decide que no soy lo suficientemente buena para estar en el bando que me ha tocado o simplemente tiene algo contra mí o quiere mis bienes y me denuncia? ¿Quién me reivindicará si yo no era ni de un bando ni de otro?

Y si mi bando gana, pero yo soy una asesina, ¿eso me convierte en buena? ¿Me convierte en héroe?

Y si mi bando pierde pero yo soy una asesina, décadas después, ¿eso me convierte en buena? ¿Me convierte en héroe?

Podría seguir, pero es que eso es una guerra civil. La guerra más cruenta. Aquella en la que todos pierden. Y eso lo supieron muy bien los que ganase quien ganase, siempre serían víctimas. A eso se refería Charles de Gaulle.

Se pide justicia y reparación. ¿Cómo negarse? Pero no hay justicia ni reparación si no hay verdad y eso tan necesario tanto en la Historia como en cualquier ley no se ha buscado nunca en la de Memoria Democrática, como tampoco en la de Memoria Histórica.

«La construcción de una memoria común no es un proyecto nuevo en la sociedad española. El régimen franquista impuso desde sus inicios una poderosa política de memoria que excluía, criminalizaba, estigmatizaba e invisibilizaba radicalmente a las víctimas vencidas tras el triunfo del golpe militar».

Eso dice la ley en su preámbulo. La intención es clara: hacer exactamente lo mismo que el franquismo pero cambiando ochenta y cinco años después, el bando vencedor. Pero, si no fue bueno imponer «una memoria común», entonces, ¿por qué es bueno hacerlo ahora? ¿No es igual de sectario?

Dicen que lo hacen en nombre de las víctimas. Léanse la ley. ¿Quiénes son las víctimas? Es cierto que en el cuerpo de la norma queda especificado a quiénes se tiene por tales. Pero esa descripción ya implica ignorar hechos, reescribir la Historia como si de un relato de la Edad Media se tratase, pero proyectándola en el presente.

Según la ley, «la legalidad republicana» es el fiel de la balanza. ¿Qué ocurre entonces con los republicanos que fueron asesinados por socialistas, comunistas o anarquistas porque eran ricos, porque iban a misa o porque militaban en partidos de derechas? ¿No son víctimas?

Y los que no eran afectos a Franco, pero no comulgaban con los excesos del bando republicano y se les mató o encarceló por ello, ¿lo son?

Los miembros de los tribunales populares que asesinaron y torturaron a los «enemigos de la república y de la libertad» en nombre de la legalidad republicana y fueron castigados por ello, ¿son más víctimas que aquellos a los que asesinaron y torturaron?

Y las monjas violadas por los milicianos. ¿Les hace menos mujeres su condición religiosa y por tanto ya no se las considera víctimas?

O las checas en las que se impartía justicia republicana, ¿deben ser consideradas «lugares de memoria democrática» (como dice la ley) y ser señalizadas con fines didácticos? ¿Y Paracuellos del Jarama? ¿No fue la legalidad republicana (la Dirección General de Seguridad, la Consejería de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid) quien ordenó la ejecución de más de 2.000 civiles? ¿Debe ser también un «lugar de memoria democrática»?