No ocurre solamente en España, porque se trata de una plaga que se halla muy extendida. La superabundancia de leyes atosiga a los ciudadanos occidentales y desde luego se hace sentir con vigor entre nosotros. Todo lo tenemos regulado en términos muy precisos y cualquier actividad, negocio, ocupación, comportamiento o tarea profesional debe responder a unas normas exactas, cuyo incumplimiento genera sanciones y escarmientos. Pero no es fácil mantenerse al día ante el arsenal de disposiciones que se abaten sobre nosotros.
Centenares de miles de páginas se publican cada año en el Boletín Oficial del Estado y en los boletines oficiales autonómicos. Conocerlo y cumplirlo es lo que se nos exige, pero eso supondría un esfuerzo muy elevado, sobre todo si atendemos a que «la compleja jungla normativa que caracteriza el ordenamiento jurídico español, integrado por normas estatales, autonómicas y locales que no siempre coexisten de manera pacífica, sino que se superponen, se duplican y en ocasiones incluso se contradicen, constituye un viejo problema que todo el mundo reconoce y nadie consigue resolver» (editorial del diario Cinco días, 20 de abril de 2023). ¿Cómo salir del paso?
No es sencillo, pero tratamos de salvar la piel. Cuanto más nos aprietan, más relajadamente nos tomamos nuestras obligaciones. Los ayuntamientos nos requieren que solicitemos permiso de obras para viviendas y locales comerciales y nosotros hacemos caso omiso. ¡Si total es un remiendo! Ahí está el piso que la presidenta de la Comunidad de Madrid comparte con su pareja. Parece ser que lo transformó de arriba abajo, ocasionó daños en el local inferior y en dos ocasiones recibió la notificación municipal para que detuviera las obras, pero volvieron la espalda. Ahí está el establecimiento de Palma de Mallorca que se derrumbó, dejando cuatro muertos y muchos heridos. También les habían avisado sobre la ilegalidad de su actuación, sin que al parecer se molestaran en acatar las órdenes. No son casos únicos, sino que nos enteramos porque han trascendido por tales circunstancias.
Nos invaden los pisos turísticos y sorprende el porcentaje de los que incumplen la normativa. Pero no importa, siguen adelante pese a los avisos y sus dueños hasta se atreven a publicitarlos, a la espera de que el incumplimiento pase desapercibido. ¡Todos se comportan igual!, aseguran, sin que sea cierto. Abundan los alquileres de larga duración de los que no se declaran los ingresos, como proliferan los trabajadores domésticos que carecen de contrato. ¿Quién se enterará? Pero después llegan las reconvenciones y multas, que generan irritación y fastidio.
Existe constancia de los centenares de miles de vehículos que circulan sin el preceptivo seguro y sin la revisión periódica (dejemos aparte el problema reciente en Menorca). Imponerlo no es un capricho de las autoridades, porque su carencia puede ocasionar daños a otros ciudadanos y aún al propio individuo que se ha comportado de forma negligente. ¡Bueno, ya lo arreglaremos! ¿Cuándo? ¿Al producirse el daño insalvable?
No es escasa la incidencia del intrusismo profesional, como también ocurre con frecuencia que determinados individuos inflen su historial con títulos que no alcanzaron. No es lo mismo una Universidad que un centro de estudios que no dispone del reconocimiento pertinente. Y por esta vía hay quien se presenta como licenciado sin serlo. ¡Es que da lo mismo! No, claro que no da lo mismo, porque con ese desparpajo estamos perjudicando a quienes se esforzaron en obtener el grado más fatigoso.
¿Seguimos?
