La trama de las mascarillas que no llegaron a usarse nunca ofrece, por ahora, más preguntas que respuestas y algunas informaciones que, por mucho que las sustente un juez en un auto, no dejan de ser rocombolescas. Las sospechas de que el exministro José Luis Ábalos medió con alguien del Govern de Marga Prohens para que no reclamara 2,6 millones de euros del sobrecoste de las mascarillas es, directamente, surrealista. Hay otras pinceladas en el auto del juez que hacen pensar que hay más hipótesis que certezas pero, como por ahora no se conoce el sumario completo, resulta complicado llegar a conclusiones.
Se sabe que llegaron unas mascarillas que no eran las que se habían pedido, se sabe que el Govern lo sabía y se sabe que las guardó en un almacén. Lo que no se sabe es por qué no volvió a revisar el expediente cuando llegó la Guardia Civil al IB-Salut para reclamarlo y por qué nadie de esta entidad avisó a la Abogacía de la Comunitat para alertar de lo que estaba pasando. La visita de la Guardia Civil debió haber sido una luz roja de alarma para el Govern, pero alguien prefirió no decir nada por razones que se desconocen. Esa es una primera negligencia del Govern de Francina Armengol y nadie ha dado hasta ahora una explicación convincente a este hecho.
La segunda señal de que las cosas no se hicieron bien fue que la propuesta de reclamación llegara el día en que Marga Prohens fuera elegida presidenta por el Parlament. Dicho de otro modo, es muy significativo que se firmara el último día en el que Francina Armengol era presidenta. ¿Quién decidió iniciar ese día la propuesta de resolución? Lleva la firma de un funcionario, pero no se sabe hasta qué punto estaba al corriente el responsable del IB-Salut o los altos cargos del Govern. Finalmente se reclamó, como dice el anterior Govern, pero la otra gran pregunta es por qué se tardaron tres años en hacer la reclamación y por qué se esperó precisamente al último día para hacerla. Esa propuesta firmada el 6 de julio de 2023 desencadena un expediente de reclamación del dinero que ya firma el nuevo Govern.
Del auto del juez y de las conversaciones grabadas por la Guardia Civil se comprueba que hubo enormes presiones para que el expediente no siguiera adelante, pero tampoco queda claro a quién. El actual Govern asegura que no sabe nada del asunto, pero mantiene que el expediente sigue adelante. La otra pregunta es qué interés podría tener Marga Prohens en que este expediente caduque. Más bien parece que ninguno.
