Rico es aquel que puede vivir sin aguantar vecinos. Porque todos hemos conocido situaciones terroríficas, propias o ajenas. Gritos y ruidos insoportables, música a todo trapo a horas intempestivas, basura y hasta excrementos en escaleras, coches ocupando plaza de otro… En los extremos hay insultos y amenazas, robo de luz y agua e incluso okupas que reclaman derechos que no pagan o atemorizan a propietarios. Los hay que han tenido que vender para encontrar la paz perdida y no morir de ansiedad.
El ataque más sutil es el de los morosos. Se las saben todas para asfixiar a la comunidad burlando la ley al tiempo que siguen disfrutando de las zonas comunes con descaro y soberbia. En 2022 se reformó el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal para que los vecinos que abonan sus cuotas puedan prohibir el uso de instalaciones recreativas a propietarios deudores, pero todo es papel mojado porque la norma no ha previsto sanciones para el jeta que incumpla. Ningún vecino va a enfrentarse al sinvergüenza, que seguirá utilizando a su costa la piscina, los jardines o el ascensor, servicio que, por cierto, queda excluido de toda privación, no sea que el que no paga se canse subiendo por la escalera.
No hay datos actualizados de la deuda acumulada en las comunidades de vecinos. Los últimos ofrecidos por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas son de 2018 y cifraban la morosidad en 1.521 millones de euros en España. El 35% de las comunidades tenía algún deudor. La deuda en Balears era de 48,5 millones de euros y actualmente el 30% de los propietarios son morosos. Los impagos suponen un lastre considerable porque los que están al corriente tienen que cubrir la parte evadida para sostener los gastos corrientes y no es posible invertir en mejoras. En ocasiones, a los vecinos decentes no les queda otra que asumir las temibles derramas que esquilman sus ahorros.
Por cierto, los bancos son los grandes deudores de comunidades de propietarios. Lo más gracioso es que la Sareb, la sociedad con la que el Gobierno rescató a los bancos y se comió sus activos tóxicos con dinero público, no sabe cuál es realmente su deuda y hace seis meses convocó un contrato por valor de casi cinco millones de euros (sí) para averiguarlo. El Gobierno le exigía sanear sus cuentas para hacer el traspaso de los inmuebles a las comunidades autónomas.
El dinero que se mueve es brutal. En España existen 1,2 millones de comunidades de propietarios que manejan cerca de 40.000 millones de euros con las cuotas de sus vecinos. Para hacernos una idea, esta cifra supone casi seis veces más el presupuesto del Govern balear para todo 2024.
La gestión supone un problema, porque ese dinero común conforma una especie de Fuenteovejuna por la que todos se dejan llevar y apenas hay control del gasto. Existe evidente riesgo de malversación y falta de transparencia. La desidia vecinal es frecuente y se traduce en ausencias a las juntas y en desinterés por conocer quién es su administrador de fincas, si está colegiado, si tiene seguro, si presenta facturas y, ya no te digo, si las hincha o cuántas comisiones ilegales se lleva. Estamos en tierra hostil.
