Con el tema de los recursos hídricos ha llegado la hora –de hecho ya hace tiempo que sonó la alarma– de tomar medidas de verdad, no de las de cartón piedra que solo sirven para el decorado, pero no resuelven absolutamente nada. No se trata aquí de dudar de las buenas intenciones, pero las crisis no se solucionan con encomiables propósitos, sino con una gestión seria que soporte un mínimo juicio de resultados.
A principios de los años 2000, ha llovido bastante –no lo suficiente–, la Agencia Catalana del Agua iniciaba un proyecto pionero en Europa para frenar los procesos de intrusión marina detectados en el acuífero principal del Delta del Llobregat, la infiltración de agua regenerada. El resultado comprobado, excelente. Se recuperó una zona de gran valor ambiental.
16 años después, con el primer reparto del recién implantado Impuesto de Turismo Sostenible, la famosa ecotasa, el Govern anunciaba que se financiaría «una prueba piloto» de infiltración de agua depurada en los acuíferos sobreexplotados. El lugar escogido, Sant Lluís. El plazo de ejecución del proyecto era inicialmente 2016-2017. Se ha hecho realidad seis años después, en 2022, y en su esperada inauguración, el pasado mes de junio, el conseller balear de Medio Ambiente reiteraba que era «pionero».
Su coste ha sido de 543.000 euros para infiltrar 100 metros cúbicos al día (36.500 al año) de agua regenerada de la depuradora de Sant Lluís. Cuando termine la anualidad se desmantelan las instalaciones. El agua que se está infiltrando es obviamente de mayor calidad que la de un acuífero con demasiados nitratos. Los efectos sobre el problema del agua, no obstante, son ridículos. En el municipio que acoge esta idea pionera que se aplica con éxito desde inicios de siglo se extraen del acuífero anualmente solamente para usos urbanos más de 1,3 millones de metros cúbicos, y en el conjunto de la Isla, 11,4 millones. Hagan la regla de tres para sacar conclusiones y valoren si la medida es de verdad o de cartón piedra.
