La renovación de Consejo Superior del Poder Judicial es algo mandado por la Constitución, es urgente y que debería haberse llevado acabo ya, pero los juegos del Sr. Casado parece que van a seguir retrasándolo. Es curioso que quienes se autodenominan partidos constitucionalistas se pasan la Constitución por el puente cuando les interesa. Está claro que al PP no le interesa cambiar los jueces con todos los juicios sobre corrupción que tienen pendientes y los que pueden surgir de estos. Pero la imagen del sistema judicial español está cada vez más dañada.
Uno de los palos más recientes que ha recibido el Tribunal Supremo ha sido por parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el caso del juez Garzón. El Comité considera que hay serias dudas sobre si el juez Garzón, en los procesos seguidos contra él, no se respetó su derecho a un proceso "con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial". Había claras indicaciones de ello ya cuando ocurrió, el Supremo quería evitar que el juez Garzón siguiera llevando el proceso de la Gürtel y se buscaron razones para inhabilitarlo, su inhabilitación fue injusta.
El juez Baltasar Garzón
El Tribunal Supremo ha respondido que las decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU no son vinculantes y por tanto no va a tomar medidas. La posición puede ser correctamente legal y probablemente la misma que hubiera tomado durante la dictadura, pero eso no evita la pobre imagen que a nivel internacional ha dado. El restituir al juez Garzón a su posición en la judicatura hubiera sido lo correcto y con la posición que ha tomado el Tribunal Supremo confirma su falta de imparcialidad en este caso.
Este no es el primer caso the rechazo que recibe el Tribunal Supremo. En el caso de Puigdemont ya se vio como tribunales de Alemania y Bélgica rechazaban la petición de extradición por rebelión ya que tal acusación no se consideraba proporcionada y la extradición fue denegada. También en el caso de raperos, como Valtónyc acusado delito odio guardia civil, de insultos al rey entre otras cosas, los tribunales europeos no han aceptado la extradición automática a España.
En muchos de los procesos por corrupción contra partes del PP, los tribunales han evitado imputar a los más altos cargos del partido. Siempre los culpables se han limitado a niveles más bajos. Ahora lo hemos visto de nuevo con el proceso Kitchen sobre el presunto espionaje policial al ex-tesorero Barcenas. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cerró la parte del caso que involucraba a Rajoy y Cospedal centrando el proceso no en el PP sino en el Ministerio del Interior. El exministro Jorge Fernandez Diaz ha pedido una reapertura de esa parte del proceso. Veremos como evoluciona el proceso, pero de momento García Castellón ha mostrado su clara intención de proteger a los altos cargos del PP.
Algo parecido vimos por parte de la Audiencia Provincial de Madrid en el caso master de Cristina Cifuentes en el que estaba imputada por inducir a la falsificación del acta del trabajo fin de máster que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos. Sin embargo, los magistrados ha condenado a tres años de prisión a María Teresa Feito, antigua asesora del Gobierno autonómico, y a un año y seis meses a Cecilia Rosado, que reconoció durante el juicio ser la autora material de la falsificación. Esa resolución fue un caso asombroso y en el de nuevo los culpables están en los niveles inferiores.
Curiosamente en los casos judiciales contra Unidas Podemos, que han sido bastantes y ninguno ha prosperado, los jueces fueron directamente por las cabezas del partido.
Es indudable que hace falta esa renovación del Poder Judicial que se ha venido retrasando por más de dos años. Pero hace falta también un renovación más profunda de la mentalidad y sumisión a intereses partidistas de algunos jueces.
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