Cuando los empresarios se indignan

Pilota José G. Diaz Montañés, vicepresidente menorquín de la confederación balear. Sobre la mesa, el único tema: la dramática situación de la economía insular, la incertidumbre que lo infecta todo -como la Covid-, el desconocimiento de si este año habrá temporada turística, y la exigencia de medidas inmediatas para evitar que este archipiélago -al que pertenece Menorca- siga liderando durante el 2021 la destrucción de puestos de trabajo y del tejido productivo en España.

El Gobierno de Pedro Sánchez prorrogó el estado de alarma hasta el 9 de mayo. El jueves aún subsistían la dudas sobre la continuidad de los ERTE, cuyo actual periodo de vigencia concluye el 31 de enero. Y el viernes se anuncia que los expedientes temporales de empleo se prorrogarán hasta finales de mayo para proteger a los 755.000 trabajadores que se hallan en situación vulnerable.

Tanto desde PIME como CAEB -que reclama se mantengan los ERTE durante todo el 2021- advierten que de nada servirá subsidiar a los trabajadores si no se ayuda a los empresarios. Porque la ampliación de estos instrumentos temporales pueden convertirse en pan para hoy y hambre para mañana.

Los presidentes de las asociaciones empresariales que forman CAEB-Menorca participarán en una comparecencia conjunta en la que expondrán sus preocupaciones y sus propuestas.

Las quejas de Justo Saura

El presidente de PIME-Menorca, Justo Saura, que califica el 2020 de «durísimo» y «año para olvidar» -con la angustiosa perspectiva de que el 2021 sea peor- reclama medidas para evitar que la mayoría de las empresas turísticas de Menorca «se queden por el camino».

Saura, que siempre ha mantenido una relación directa con el PSOE insular, denuncia la «falta de sensibilidad de las administraciones públicas» ante «las pérdidas por los cierres obligatorios y por las limitaciones de actividad». Y se queja porque sin respuesta las peticiones para reducir costes empresariales fijos, la recuperación del Fondo de Garantía Salarial para afrontar las crisis empresariales, y que «se flexibilicen, reduzcan y aplacen sin coste, intereses o recargos las deudas con la administración local y autonómica».

Al obtener la callada por respuesta, concluye el presidente de PIME que «por lo visto, la administración confía más en el endeudamiento de las empresas, y en que consuman sus ahorros y patrimonio personal, que aportar seguridad».

Seguir con vida

Los hoteleros -a través de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat)- reclaman ayudas directas para seguir con vida hasta que la recuperación, que hoy no está ni se la espera, permita reabrir los establecimientos.

«Necesitamos un salvavidas en forma de paquete de medidas de rescate que eviten el cierre de miles de empresas y la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo. No podemos seguir con paños calientes, el sector languidece», afirman en un comunicado difundido el lunes. Reclaman -en este momento que gran parte de la planta de alojamiento sigue cerrada y carecen de ingresos- la suspensión y exoneración de impuestos, con referencia directa al IBI, IAE, tasas de residuos urbanos, de paso de vehículos, de ocupación de vía pública.

También solicitan una ampliación de la moratoria para devolver el principal en los créditos hipotecarios. Y bonos turísticos, en la línea de lo que ya ha hecho Italia; así como un pasaporte sanitario digital para dar seguridad a los turistas.

El regate de Maroto

La plataforma Hostelería de España, que agrupa a las asociaciones empresariales de bares y restaurantes, reclama responsabilidades al Gobierno por la «falta de ayudas serias y directas que compensen las continuas restricciones que está sufriendo el sector por la crisis del coronavirus».

Una petición que formuló el comité ejecutivo a la ministra de Industria, Comercio, y también Turismo, Reyes Maroto. Su respuesta consistió en un rotundo regate al derivar la responsabilidad de otorgar ayudas directas a las comunidades autónomas; a las que -asegura- «e les han dado 12.000 millones de euros de fondo Covid, además de haberse eliminado el techo de gasto». O sea, pase directo a la presidenta Armengol y al conseller Negueruela.

La reacción de Hostelería de España ha sido de «decepción» por «la falta de seriedad con la que las administraciones están tratando a los bares y restaurantes, pasándose las responsabilidades entre ellas».

La batalla de los fondos

La Unión Europea dotará el plan Next Generation, que pondrá a disposición de los estados, con 750.000 millones de euros hasta el 2027, distribuidos en 300.000 millones para subsidios directos el resto, créditos a devolver con intereses.

España ha de recibir unos 140.000 millones, de los que 72.000 corresponden a transferencias y 67.300 a deuda. Pero, una vez descontada la aportación de España al presupuesto de la UE, las transferencias simarán 43.000 millones.

Ya ha empezado la gran batalla, porque aún se desconoce cómo escogerá el Gobierno los proyectos, con el temor de que las pymes queden relegadas. Y no se saben las condiciones que exigirá Briuselas para aprobar el plan de inversiones que debe presentar España en abril. ¿Qué llegará a Menorca de este plan?

PREGUNTAS DE LA SEMANA

¿Aceptará el Govern que el Ejército, la sanidad privada y la Cruz Roja colaboren en Balears para acelerar la vacunación contra la Covid?

¿Cuándo estará concluida la expropiación de los terrenos para construir la rotonda del polígono de Sant Lluís?

¿Logrará el Ayuntamiento de Es Mercadal desbloquear el desarrollo de Punta Grossa II?

¿Por qué no se ha adjudicado el proyecto de recarga del acuífero de Migjorn que fue anunciado en 2017?

¿Aplicarán las aerolíneas algún 'algoritmo cookie' para averiguar, durante el proceso de compra del billete, si el usuario es residente?