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En el año 2011 se publicó en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos un interesante estudio sobre los efectos del agotamiento mental en la toma de decisiones. Para llevar a cabo este análisis, los investigadores Shai Danzinger, Jonathan Levav y Llora Avnaim-Pesso analizaron 1.112 decisiones tomadas en cuatro prisiones distintas de Israel por ocho jueces. Su cometido era resolver, con el asesoramiento del comité de libertad condicional, las solicitudes presentadas por los reclusos que previamente había rechazado el centro penitenciario. En cada sesión diaria los jueces tenían que decidir entre 14 y 35 peticiones. El ritmo de trabajo era extenuante. Apenas disponían de seis minutos para resolver cada petición de libertad. Para distribuir el trabajo, los jueces se reunían en tres sesiones. La primera comprendía desde primera hora de la mañana hasta la «pausa del café». La segunda desde las once horas hasta la hora de la comida. Y, finalmente, la tercera comprendía la sesión de tarde. Tras comprobar que el orden de presentación de los casos al comité era aleatorio, los investigadores estudiaron si había relación entre el sentido de la decisión del juez y el momento del día en que se había tomado. Los resultados que obtuvieron fueron, sin duda, sorprendentes. Al principio de cada período, los jueces aprobaban más de un 60% de las peticiones de libertad condicional, si bien el porcentaje iba bajando progresivamente hasta el punto de que, al final de cada sesión, se rechazaban prácticamente todas las solicitudes. ¿Por qué existía esta diferencia? Según los investigadores, aprobar una petición de libertad exigía al juez un mayor esfuerzo personal pues debía sopesar los argumentos del recluso con las objeciones del centro penitenciario. Tomar esta decisión requería una gran cantidad de recursos cognitivos que, debido a su capacidad limitada, solo se recuperan con tiempos de descanso y una alimentación adecuada. El cansancio de los jueces provocó que, al final de una sesión prolongada, tomaran decisiones simplistas que no habrían adoptado si el mismo caso lo hubieran analizado a primera hora de la mañana o tras la pausa del almuerzo.

¿En qué medida las decisiones de los jueces pueden estar influenciadas por el cansancio? El estudio conjunto de la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y de Ben Gurion (Israel) demuestra que tomar decisiones relacionadas con la aplicación de la ley -ya sea conceder la libertad condicional, establecer un régimen de visitas o resolver un contrato de compraventa- exige mucha concentración. Es necesario sopesar todos los elementos aportados por las partes y las pruebas a fin de dar una respuesta que esté debidamente fundamentada en la ley. Esta tarea exige tiempo, concentración, prudencia y tener la mente despejada.

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Desgraciadamente, estas condiciones no se dan cuando el juez se ve superado por la excesiva carga de trabajo. En efecto, España es uno de los países de la Unión Europea que tiene una menor tasa de jueces por habitantes, concretamente, 12,5 por cada 100.000 habitantes, es decir, nueve puntos por debajo de la media europea. Este dato debe relacionarse con otro de especial trascendencia: tenemos una de las tasas de litigiosidad más altas de la Unión Europea dado que existen 185 litigios por cada 1.000 habitantes. A pesar de su reducido número, en el año 2015 los jueces españoles dictaron 1.513.612 sentencias y resolvieron en total 8.555.341 asuntos. Se estima que, al menos, un 43,53% de los órganos judiciales españoles soportan una carga de trabajo superior al 150% de la media fijada por el Consejo General del Poder Judicial. Esta situación ha provocado que, en algunos Juzgados, las causas se retrasen más allá de lo deseable debido a la imposibilidad de hacer frente a la acumulación de asuntos que deriva, en su mayor parte, de la crisis económica (despidos, concursos, ejecuciones hipotecarias, impagos de préstamos, etc.) y de la investigación de complejas causas de corrupción. Finalmente, la inversión en Justicia no ha estado a la altura de la importancia del Poder Judicial en el mantenimiento de la paz social, la convivencia democrática y la salvaguarda de los derechos fundamentales.

Administrar justicia –o, si se quiere, aplicar la ley- no es sólo cuestión de jueces, abogados y procuradores. La sociedad debe comprender que se trata de un servicio público esencial. Sin su existencia, volveríamos al "estado de naturaleza" en el que imperaría la ley del más fuerte, el ojo por ojo, una guerra de todos contra todos. Es cierto que muchas personas nunca tendrán contacto a lo largo de la vida con los Tribunales. Sin embargo, al igual que solicitamos más profesores y más médicos para mejorar estos servicios públicos, también debemos ser conscientes de la necesidad de incrementar la plantilla de jueces y dotarlos de los medios adecuados para evitar su peligroso agotamiento mental que –como demuestra el estudio- solo contribuye a empeorar la calidad de sus resoluciones. Quizá de esta manera estemos en mejores condiciones de poder cumplir los consejos de Sócrates: «Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente».