El goteo incesante de los casos de corrupción que arrinconan al Partido Popular, de mayor resonancia, quizás, que los del PSOE -el domingo ingresó en prisión la alcaldesa socialista de Jerez- permite establecer un par de conclusiones. Una, la necesaria regeneración de los grandes partidos porque su actual estatus es insostenible. Y otra, el correcto funcionamiento de la justicia en este frente.
Lento y tardío, si quieren, pero el sistema ha sentado en el banquillo de los acusados hasta a la hermana e hija de rey, y metido entre rejas a decenas de corruptos del partido que todavía está en el poder. Por poco tiempo.
Podría concluirse, por tanto, que lo que falla en España no es el sistema sino muchas de las personas que acceden a la política, la seducción ilimitada que ofrece la manipulación de los caudales públicos para quienes alcanzan un cargo ejecutivo en cualquiera de las instituciones.
Sin embargo, el caso del holandés que se ha pasado más de doce años en prisión, condenado a tres lustros de cárcel por un triple delito de agresión sexual que no cometió, cuestiona el entramado judicial con una consecuencia irreparable y desvirtúa su funcionamiento.
Excarcelado el viernes en la prisión de Palma, Romano van der Dussen es la víctima no ya de un error judicial que le condenó por una testificación confusa, sino del proceso interminable de recursos e informes que le han mantenido ocho años más en la cárcel después de que quedara demostrado, en 2007, cuatro años después de entrar en prisión, que las huellas y el ADN hallados en las mujeres, correspondían a un asesino inglés.
El desdichado holandés, que no ha visto morir a su madre ni crecer a su hija, ha padecido el fallo del sistema que acabará condenando al estado español a indemnizarle aunque la privación de libertad no tenga precio.
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