El único municipio de Menorca que otorga a los vecinos la potestad de decidir sobre la autorización -o no- de terrazas en la vía pública es Ciutadella. El Ayuntamiento ha renunciado a esta función cuando le corresponde ejercer con rigor un papel arbitral y desempeñar una labor de equilibrio entre los distintos intereses en juego.
La ordenanza de ocupación de la vía pública, que fue modificada en mayo del 2014 y se empezó a aplicar en julio, ha sido el perverso instrumento utilizado para conseguir el cierre, en plena temporada turística, de una terraza abierta desde hace 24 años en Ses Voltes.
Efectivamente, el bar Sa Xarxa fue coercitivamente obligado por el Ayuntamiento a retirar mesas y sillas lo que implicó el desmantelamiento de la terraza, el cierre del negocio y el despido de varios trabajadores que aún no entienden cómo es posible como, en pleno siglo XXI, se apliquen ordenanzas tan absurdas. Mientras otros municipios, como Es Mercadal y Maó, dan toda clase de facilidades y promueven la ocupación ordenada de la vía pública para incentivar la actividad económica, en Ciutadella una denuncia-amenaza se carga un popular establecimiento del centro de la ciudad.
Lo inaudito del caso es que el denunciante no es vecino, sino el propietario de una finca colindante. Una vez conseguido el objetivo -atemorizar al gobernante de turno con una acción penal por presunta prevaricación por omisión- ahora retira la querella, pero el mal ya está hecho. El archivo de la denuncia es cuestión de días. ¿Y Sa Xarxa?
El Ayuntamiento de Ciutadella debe revisar y modificar esta ordenanza para evitar que se repitan casos similares. Porque la administración local no puede renunciar a sus funciones, y en el caso de un municipio turístico debe mediar para hallar soluciones aceptables para todos.
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