Tomeu Gili24/12/13 0:00
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La encuesta del Instituto Balear de Estudios Sociales sobre la valoración ciudadana de las instituciones, elaborada para este diario, ha dejado claro el malestar de los menorquines y su distanciamiento de las administraciones y de cualquiera de las estructuras que sustentan el Estado. La larga crisis, aderezada con recortes y noticias constantes de corruptelas que no dejan libre ni a aquellos que deben defender los derechos de los trabajadores -los cimientos del histórico sindicato UGT se tambalean con los casos de los falsos ERE y el supuesto desvío de fondos de formación como no lo hacían desde el escándalo de la cooperativa PSV-, hacen que cada vez más nos síntamos huérfanos y desamparados, ante una realidad descarnada que en época de vacas gordas ni siquiera podíamos atisbar o, simplemente, y ese fue el error, pasábamos por alto.

Suspenden los ejecutivos central, autonómico e insular, los partidos, los jueces, los empresarios; y qué decir de la banca, cuando en el colmo del absurdo más perverso se descubre entre la clientela de las participaciones preferentes a niños o hasta a un enfermo de alzheimer; o de la Casa Real, incapaz de frenar el desafecto popular provocado por el caso Urdangarín y la percepción de que la vara de medir de la justicia no es igual para todos. La gente se sitúa llana y claramente al lado de los que están a su lado en tiempos difíciles. Las entidades no gubernamentales especialmente, ciudadanos organizados, cuyo lema podría ser 'hoy por ti mañana por mi', porque nunca antes habíamos tenido tanto la sensación de bailar en la cuerda floja y sin red. La encuesta es un lamento colectivo de lo que hemos vivido en este 2013 y quizás podría transformarse en un propósito para 2014, recuperar la honradez perdida entre la picaresca y el pelotazo.