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Una de las asignaturas pendientes en el ámbito de la Justicia es lograr reducir el tiempo y tramitación de las causas. Menorca, y según la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Balears presentada ayer, tenía 3.037 asuntos pendientes de resolver al cierre de 2012. Una cifra ligeramente inferior al ejercicio anterior (3.054). Las causas de este importante número de expedientes acumulados en los juzgados de Maó y Ciutadella son de sobras conocidas y se repiten anualmente. Principalmente se deben a la falta de recursos, humanos y materiales, para hacer frente a la demanda social, que en muchas ocasiones supone una importante sobrecarga de trabajo para los jueces. Al respecto, la tasa de litigiosidad en las Islas es de 200,4 asuntos por cada 1.000 habitantes. Mención aparte merece la crítica que hace el informe al estado que presentan los juzgados de Ciutadella. Mientras que en Maó, la situación se ha normalizado con la inauguración de un nuevo edificio, la sede judicial de Ponent presenta unas serias deficiencias y una "obsolescencia generalizada" que requiere una urgente solución. Cabe destacar también la incidencia que están teniendo en Balears los temas relacionados con la corrupción y el aumento de los relacionados con la crisis económica.