El pegajoso caso del Sr. Dívar

El ya pegajoso caso del Sr. Dívar, D. Carlos, que no conforme con sus fines de semana en Marbella, a costa presuntamente del dinero público, el hombre insiste ahora, en seguir en el candelero o en el candelabro que diría Mazagatos. Pero vayamos por partes.
El personal se puso de los nervios, se puso de mal poner, cuando se enteró que todo un señor juez que a la sazón, ocupaba la Presidencia nada más y nada menos de los jueces de España, podría haber utilizado unos 15.000 euros del dinero público para regalarse unos largos fines de semana en los mejores hoteles y restaurantes marbellíes.

La presión mediática y el rechazo de alguno de los componentes del alto organismo jurídico que presidía, lo llevaron muy a regañadientes por su parte, a presentar la dimisión. A groso modo, esos podrían ser los hechos. Pero la pertinaz y más que dudosa manera de entender la honorabilidad en el manejo de los caudales públicos del Sr. Dívar, le llevan ahora, después de haber presentado la dimisión, a solicitar 208.000 euros en concepto de indemnización, que además dicen los otros magistrados que hay que abonar porque está recogida por la ley. Si ha dimitido por lo que dicen que hizo mal, no debería ampararle ni esa ley ni mucho menos esa cantidad de dinero, porque resulta impresentable, que la gente le quisiera fuera del cargo que ocupaba por haber hecho mal uso de 15.000 euros de dinero público, y ahora nos vaya a costar del mismo dinero más de 200.000. Como poco una ironía. No obstante me pregunto: ¿qué es eso de que esas indemnizaciones autoaplicadas por los mismos altos cargos estén recogidas por la ley? ¿Acaso las pagas de Navidad de los funcionarios no están también recogidas por la ley? ¿Y la jornada de trabajo no está igualmente regulada y protegida por la ley?

Muchas veces más que las leyes hechas a la medida de quienes se blindan con ellas, lo que habría que usar es un simple y elemental sentido común. Una persona que ocupa un cargo y por el mal uso del mismo, dimite, no puede ser premiado por ello, porque en los cargos públicos, eso es una burla a la ciudadanía, un sarcasmo indigerible, cuando no, un miserable argumento por parte de aquéllos que han gestado desde su personal uso del poder, semejantes prebendas.