Que el Gobierno haya comprendido la especial importancia de la gestión de los recursos hídricos en una isla es importante. De ello se deriva la decisión de apoyar un proyecto que parecía inviable en estos tiempos por su elevado coste: la instalación de una red que distribuya el agua de la desalinizadora de Ciutadella a todos los municipios de la Isla. La actitud del Ayuntamiento de no aceptar la conexión a su red local por el elevado precio del agua desalada ha servido también para que las otras administraciones reaccionaran.
El compromiso del Gobierno con el presidente de Balears de desarrollar el proyecto es un primer paso positivo. Falta conocer los detalles del convenio, aunque parece que en 2013 ha de existir ya una partida en los Presupuestos del Estado. La desalinizadora no es la panacea a todos los problemas de calidad del agua potable, pero es un elemento básico, que contó con un amplio apoyo cuando se construyó y que ahora se encuentra en una desesperante inactividad. Tiene capacidad para una producción importante que servirá para restar presión a los pozos que padecen procesos de salinización. Mientras el proyecto no se convierta en realidad habrá que adoptar medidas temporales. La desalinizadora no puede esperar a que las promesas se conviertan en hechos.
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