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La campaña electoral comienza mal para los socialistas en Andalucía. El que fuera director general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero (el de la cocaína y las borracheras, según su chofer) está en la cárcel desde la madrugada del viernes por orden de la juez.

Es verdad que la Junta de Andalucía está personada en la causa como acusación particular y que su abogado fue uno de los que pidió prisión provisional, pero cabe preguntarse como semejante individuo pudo campar a sus anchas y manejar con tanta prodigalidad dinero público sin que nadie, en el gobierno andaluz, detectase las irregularidades. Es lo que se llama la responsabilidad "in vigilando".

Los resultados electorales de las últimas municipales y autonómicas dieron fe de cómo los ciudadanos toleran la corrupción hasta el extremo de volver a dar una mayoría absoluta al PP en Valencia, cuando los escándalos del caso Gürtel alcanzaban a los principales líderes del partido. Miles de millones de fondos, pagados con los bolsillos de todos, fueron a parar a las empresas del "Bigotes" para unos fastos que han dejado a las arcas de la Generalitat al borde de la quiebra.

Sería pues digno de alabanza que el pueblo andaluz se alzara contra la corrupción y diera un voto de castigo a los responsables de la misma, para que aprendan que el dinero de todos no está para hacer favores a amigos y correligionarios.

Las últimas encuestas avanzan que los resultados van a confirmar ese castigo y que el PP va a ganar las elecciones. Aunque bien pensado, ganar tal vez no es el término apropiado: las va a perder el socialismo andaluz que, para más inri, está sumido en una batalla interna por el liderazgo.

Otra cosa es la utilización que el Partido Popular y sus medios afines están haciendo del repugnante caso de los ERES y la tibieza que mostraron ante la corrupción en el seno de su formación. Otra cosa es la exaltación de la figura de la juez Alaya (que es quien ha mandado con buen criterio a Guerrero a prisión) y el desprestigio y acoso que han sufrido y siguen padeciendo los fiscales y magistrados que han investigado el caso Gürtel.

Ni la juez Alaya es la esperanza blanca de la redención de la Justicia en España ni los jueces de la Gürtel unos submarinos de los socialistas infiltrados en el sistema judicial para perjudicar al PP. La habilidad de los dirigentes de la derecha para convertir a sus corruptos en víctimas de una persecución policial e ideológica es proverbial.

Si los andaluces dan sus votos al PP, con los recortes previstos en los presupuestos, la reforma laboral ya en vigor y la huelga general convocada por los sindicatos UGT y CCOO, puede que sea como castigo a la corrupción. Si es así, será un voto de dignidad.