Una vez más, sorprende ver cómo las quejas ciudadanas se quedan en eso, en lamentos de tertulia familiar y cola de supermercado, y que una cuestión tan básica, como el mantenimiento, no ya la mejora, del actual sistema sanitario público, no sea suficiente para que, un domingo por la tarde, una mayoría de personas cambie el sofá por una pacífica movilización.
Un cálculo aproximado arrojó la cifra de un centenar de manifestantes, los que se unieron en defensa de la sanidad en la plaza Colón de Maó, entre ellos profesionales del sector, que viven en primera persona los llamados ajustes y que son los que, más tarde, deberán atender a pacientes molestos por las esperas, los retrasos en las operaciones y la falta de medios humanos. Los mismos que tendrán que pagar diez euros al renovar su tarjeta sanitaria en Balears, sin que de momento sepamos si ese dinero mejorará la atención sanitaria o será simplemente un buen negocio para alguien; tampoco está claro qué sucederá con los miles de turistas, españoles y extranjeros, que reciben tratamiento en centros de salud y hospitales de las Islas, con las tarjetas de sus respectivas autonomías o países.
Lo único que habría que tener claro es que la sanidad debe ser bien gestionada, pero nunca debería ser un negocio. Un enfermo crónico o con dolencias cuyos tratamientos son largos y costosos jamás serán rentables; los números son fríos y poco compasivos.
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