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El debate sobre la situación económica que los nuevos gobernantes han encontrado en las instituciones públicas lejos de remitir se está convirtiendo en el primer tema de enfrentamiento serio entre los partidos políticos. El cambio de gobierno en el Consell es la muestra más evidente. El equipo de Santiago Tadeo se enfrenta a numerosos problemas de falta de liquidez, principalmente por la demora de las transferencias del Govern, que se superan recurriendo a la caja única, donde permanece parte del dinero de las obras del Convenio de Carreteras. Las facturas pendientes de pago no se refieren a los últimos sesenta días, como argumentan los anteriores gestores, sino que los retrasos en muchos casos son muy considerables, similares o los de otras administraciones. Los convenios pendientes de firma es otra cuestión que preocupa porque pueden convertirse en ingresos previstos que nunca lleguen. Los ciudadanos tienen una idea bastante clara de la precaria situación económica de las administraciones públicas. Por este motivo, la información es necesaria pero el debate será de poca utilidad. La imagen institucional precisa ahora de una acción conjunta, no partidista, en defensa de los intereses institucionales menorquines.