"Outlaws": los fuera de la ley

Todo ello viene a cuento de que el Supremo ha dictado sentencia en el sentido de que la lengua castellana, como lengua cooficial que es en Cataluña (según las encuestas es la primera lengua de los catalanes), debe también ser lengua vehicular en aquella comunidad. Ello choca con la actual inmersión lingüística que priva a muchos ciudadanos catalanes de ser atendidos y poder estudiar en castellano.

Esta sentencia del Supremo invoca la que dictó el Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña y anula dos resoluciones del Tribunal Superior de Justicia catalán que avalaba la negativa de la Consejería de Educación a atender las peticiones de unos padres que reclamaban que el castellano fuera "reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán".

El Alto Tribunal ha dejado meridianamente claro que en Cataluña "se ha implantado un modelo de inmersión lingüística contrario al espíritu y a la letra de la Constitución". Literalmente dice:" La Generalidad deberá de adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán, y de igual modo declaramos el derecho del recurrente a que todas las comunicaciones, circulares y cualquiera otra documentación, tanto oral como escrita, que le sean dirigidas por el centro escolar lo sean también en castellano".

Los Fundamentos Jurídicos de la Sentencia del Constitucional sobre el Estatuto referidos a la lengua mencionan expresamente lo siguiente: " La definición del catalán como lengua propia no puede suponer un desequilibrio del régimen constitucional de cooficialidad con el castellano, que por tanto también es lengua propia de Cataluña, ni justificar su uso "preferente" que se declara inconstitucional y nulo. El castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza" (Fundamento J. nº 14). "Toda lengua oficial es lengua de uso normal. También lo es el castellano. No puede haber preferencia por ninguna de las lenguas oficiales" (F.J. 23). "Queda descartada toda pretensión de exclusividad de la enseñanza en una de las lenguas oficiales. Es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas como vehiculares. Con la mención del catalán no se priva al castellano de la condición de lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza" (FJ26).

Así de claras son las normas y los dictámenes que los tribunales del Estado han dictado y que sientan jurisprudencia en y sobre todas las autonomías de España, también en la balear.

¿Cómo es posible que un órgano como el Gobierno de la Generalidad cuya legalidad emana de la Constitución española declare que no piensa cumplir las sentencias de los Tribunales Constitucionales?. ¿Cómo es posible que el PSOE avale también este desacato?. La nueva socio-convergencia nacional socialista catalanista se pavonea de querer incumplir las sentencias. En Baleares (y en Menorca) ya se han sumado al desacato. Quienes incumplen las leyes son delincuentes. ¿Nos tendremos que mirar pronto en el lejano oeste para denunciar y capturar a los "fuera de la ley" españoles? ¿Hay autonomías gobernadas por delincuentes?.