Una empresa pública portuaria sin autoridad

A nadie ha sorprendido que responsables políticos y técnicos de Autoridad Portuaria (APB) hayan sido imputados por posibles delitos relacionados con la adjudicación de los amarres del Moll de Llevant de Maó a la empresa Trapsa Yates. La investigación apunta al expresidente Joan Verger y a quien sigue siendo director de APB, Ángel Matías, aunque también afecta al presidente actual, Francesc Triay, a otros técnicos e incluso a Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE. Numerosas pruebas, cintas grabadas en secreto y testimonios de relevancia, que no se conocen de momento debido al secreto de sumario, apuntan a un intento claro de amañar el concurso, lo que finalmente ha perjudicado al Club Marítimo de Mahón. Es positivo que el Club respalde la demanda penal presentada por el socio Ramón Orfila Sintes. La investigación debe desvelar todas las incógnitas que ensombrecen la gestión de esta empresa pública, una entidad con un gran poder económico cuyos concursos de concesión de instalaciones, sobre todo en la época de Verger, han despertado sospechas de falta de imparcialidad. La administración habrá de velar para que, una vez lavados los trapos sucios ante los tribunales, APB recupere la autoridad perdida.