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Diez días después de la rebelión laboral de los controladores aéreos y de las consecuencias políticas y particulares que ha generado y mientras el Gobierno decide si prorroga el estado de alarma, ha llegado la hora de pedir cuentas. Un grupo de pasajeros víctimas de la ratonera aeroportuaria del día 3 ha constituido la Plataforma de Afectados como agrupación de demandantes con personalidad jurídica para actuar ante los tribunales. Espera que miles de los pasajeros que sufrieron las consecuencias del conflicto unan su voz a esta iniciativa. Paralelamente, la organización de consumidores FACUA ha anunciado una denuncia penal ante la Audiencia Nacional contra los controladores que abandonaron su puesto de trabajo ese día y los inductores del "paro salvaje", además ejercerá otra acción judicial en demanda de indemnizaciones. Las agencias de viaje se reúnen mañana en Madrid para preparar una reclamación por el atropello que ha sufrido su actividad profesional y la Fiscalía prosigue el proceso de investigación a través de la Guardia Civil. No hay tregua ni apariencia de que el episodio se vaya a liquidar con una reprensión pública, la disculpa y el olvido del tiempo, los pasajeros exigen, con derecho y cargados de razones, responsabilidades.