El cambio de modelo económico, también de Menorca, no puede llevarse a cabo sin una revisión de la estructura de las administraciones públicas y de los criterios del gasto. Los movimientos especulativos que se ciernen sobre la deuda española no es la cuestión que más preocupa en Europa, sino que una de las advertencias que llegan de Bruselas se refiere al coste que representa nuestra pirámide administrativa.
La reforma estructural no puede limitarse a los aspectos laborales y a las pensiones, con un enorme esfuerzo de los ciudadanos, sino que ha de afectar de forma profunda a la administración. Hace años que ha crecido la dependencia de las entidades públicas, por la gran cantidad de normas que multiplican la burocracia, y por las políticas de subvencionar actividades privadas en todos los ámbitos. La revisión de esta cuestión ha de ir más allá de la lógica derivada de la crisis, porque no ha de ser circunstancial, sino estructural y a largo plazo.
La primera reforma es la laboral. La segunda prevista para marzo se refiere a las pensiones, con el retraso de la jubilación a los 67 años. La tercera debe referirse a la administración pública.
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