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El Ministerio de Fomento y los sindicatos están negociando los servicios mínimos para la huelga general del 29-S. El departamento de José Blanco ofrece a los convocantes un servicio mínimo del 25 por cien de los vuelos nacionales e internacionales y los sindicatos piden que este porcentaje se reduzca todavía más. En pleno debate sobre la discriminación de las Islas en materia de transporte aéreo, la actitud de los sindicatos es inadmisible. Es previsible que sus pretensiones no sean aceptadas y que se protegerá el derecho al transporte que tenemos los menorquines. No pueden pretender el éxito de la huelga con la eliminación del derecho a la movilidad de los ciudadanos.

Es evidente que las organizaciones convocantes deben respetar la libertad de los trabajadores para decidir si se suman a la protesta o acuden a su puesto de trabajo, pero además deben asumir su responsabilidad social y entender que en el caso de una isla los servicios mínimos en materia de transporte aéreo son los máximos. No puede anularse ni una comunicación aérea. De esta forma, hay que esperar que los sindicatos menorquines, que siempre se han sumado a la reivindicación por la mejora del transporte, sean coherentes con esta posición.