Si la economía de Menorca depende del turismo, su futuro está ligado a la inversión pública y sobre todo privada que se desarrolle en este sector. De ahí la importancia del Decreto Barceló, antes conocido con el nombre del conseller Nadal.
La consellera menorquina de Turismo, Joana Barceló, ha sido eficaz en la gestión de este plan y hábil al conseguir el acuerdo de todos los partidos, ratificado por las asociaciones del sector hotelero. Las consecuencias han de ser importantes. Permitirá legalizar construcciones que quedan fuera de ordenación y, a cambio, los promotores deberán destinar un 5 por ciento de la plusvalía a mejoras en las zonas turísticas.
Remueve los obstáculos para que las empresas puedan llevar a cabo las inversiones necesarias para renovar una planta hotelera y de apartamentos, generalmente amortizada desde hace años y que necesita mejorar su calidad.
La nueva norma asegura que los ayuntamientos responderán antes de dos meses a las solicitudes de licencia de obras. Este Decreto facilitará una actividad económica que hasta ahora estaba bloqueada por cuestiones administrativas. La administración ha de dar respuesta eficaz a las iniciativas que puedan crear actividad económica y mejorar nuestras expectativas turísticas.
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